Neil Parish, miembro del Parlamento británico por Tiverton y Honiton desde 2010, renuncia como diputado. Parish ha entrado en páginas porno dos veces en el Parlamento en un "momento de locura", según sus propias palabras. La primera vez, dice, "fue accidental, después de mirar la página web de un tractor". La segunda, reconoce, de forma deliberada. Estaba pasando el tiempo mientras esperaba para votar. Dos parlamentarias lo vieron y se sintieron incómodas e intimidadas. Parish reconoció que lo que había hecho era totalmente incorrecto y un error terrible, y pedía "una disculpa total" por sus acciones, pero su partido no lo disculpó. En el Parlamento británico, infectado de misoginia como la inmensa mayoría de instituciones públicas, Neil Parish dejó de ser parlamentario por haberse "entretenido" durante la sesión en una web porno.

El Reino Unido demuestra una vez más que los estándares éticos y morales tienen doble rasero según afecten a la esfera privada o a la pública. En una carta dirigida al primer ministro Boris Johnson en noviembre del año pasado, diez parlamentarios británicos expresaban su preocupación por las revelaciones de medios de comunicación como The Guardian sobre las actividades del grupo de tecnología israelí NSO que facilitaba el software espía Pegasus a los gobiernos de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin. El objetivo del espionaje eran personas nacidas en los países del Golfo que viven en las islas Británicas o ciudadanos del Reino Unido.

En un asunto tan serio como el de espionaje Pegasus, se sigue alimentando la indefensión de la mayoría y la ignominia e impunidades de los herederos del general

Entre los incidentes de piratería informática más graves a los que se referían había, por ejemplo, los intentos de socavar el sistema judicial británico por parte del jeque Mohammed Al Maktoum, gobernante de Dubái. En octubre de 2021, se reveló que el alto tribunal había dictaminado que el jeque Mohammed interfirió en la justicia británica pirateando el teléfono de su exmujer, la princesa Haya de Jordania, y de sus abogados, incluida la baronesa británica Shackleton, durante una disputa legal sobre la custodia de sus hijos. El tribunal describió el pirateo como "abuso de poder" del jeque Mohammed e "interferencia en el proceso de este tribunal y el acceso de la madre a la justicia". Los parlamentarios británicos remarcaban que "los ciberataques representan infracciones flagrantes de la ley nacional e internacional de los derechos humanos", incluyendo el artículo 8 de la ley de derechos humanos de 1998 y el artículo 17 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíben "interferencias arbitrarias o ilícitas" con la "privacidad, la familia, el hogar de las personas o su correspondencia". Y pedían que el gobierno de Boris Johnson condenara públicamente las acciones del grupo NSO y de los gobiernos saudí, de los Emiratos y de Baréin, y tomara medidas sustanciales para proteger a los ciudadanos y residentes del Reino Unido de los ciberataques". Pero hasta ahora, por lo visto, por este motivo no se ha tomado explícitamente ninguna medida, ni nadie ha dimitido.

Sin embargo, el Reino Unido queda muy por encima del nivel del reino de Felipe VI. Porque si el espionaje de una abogada británica en un caso de custodia representaba un ataque intolerable a los derechos humanos e interfería en la administración de justicia, ¿qué no representa el espionaje ilegal del president Puigdemont y de sus asesores, de los abogados y políticos del procés y de personas destacadas de la política catalana en los últimos años? Y tampoco en este caso nadie dimite, ni se espera que nadie lo haga, aunque la ministra Margarita Robles se ha esforzado de lo lindo para ser una de las primeras señaladas.

Pedía el abogado Gonzalo Boye que sobre el asunto Pegasus era mejor no entrar en relatos y aferrarse a los hechos. Y el hecho es que él y otros abogados, políticos, presidentes de la Generalitat, periodistas, asesores y más, han sido espiados en un número ya bastante numeroso que puede crecer todavía mucho más. El relato que quizás merece cierto interés ―sin tampoco preocuparse demasiado― es por qué en el Parlamento británico existe la sensibilidad adecuada para hacer dimitir un "Peeping Tom" de páginas porno, una denuncia formal que de momento no tiene respuesta del gobierno (pero denuncia, al fin y al cabo) de parlamentarios demócratas, y en este estado se blanquea el espionaje (ver la intervención de Margarita Robles en la sesión de control del miércoles 27 de abril) y se es tan tolerante con las mentiras y las manipulaciones interesadas (ver también las delirantes intervenciones de Inés Arrimadas y Macarena Olona). En este estado nadie se corta, ni dimite, ni se preocupa de tomar medidas serias. Todo lo contrario. Siguiendo la estela de la presidenta de Madrid, la competición parece ser para ver quién la dice o la hace más gorda...

Dicen que llueve, pero en un asunto tan serio como el de espionaje Pegasus, se sigue alimentando la indefensión de la mayoría y la ignominia e impunidades de los herederos del general. Y la vergüenza de los demócratas.