Entre hoy y mañana se celebrarán las elecciones al Rectorado de la Universitat de Barcelona, la más antigua de todas las universidades catalanas actuales, puesto que fue fundada en 1450. Más de 52.000 miembros de la comunidad universitaria, entre PDI, PAS y alumnado, están convocados a las urnas, si bien esta será la primera vez que se votará telemáticamente. La pandemia ha obligado a todo el mundo a ponerse las pilas. Bueno, a todo el mundo no, porque la Generalitat y el Estado están muy lejos de poder garantizar el voto electrónico. Falta voluntad política —una ley electoral puesta al día— y, también, técnica para alcanzar lo conseguido en este sentido por un régimen tan corrupto como el de Venezuela. La segunda vuelta de las elecciones a la UB se celebraría, si hubiera necesidad de ello, el 17 y 18 de diciembre. O sea que, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el nuevo rector —porque todos los candidatos son hombres— ya podrá ponerse manos a la obra.
En el edificio histórico de la UB, el que levantó Elies Rogent entre 1863 y 1893 fuera de la antigua muralla, y que hoy da nombre a la plaza de la Universidad, existe una sala de espera donde cuelgan los retratos de todos los rectores que ha tenido la institución. No hay el de ninguna mujer, evidentemente. Todos los retratos son de hombres con mostachos, perillas o peinados a la manera franquista. La UB todavía no ha roto el techo de cristal, la barrera invisible, pero real, que impide a las mujeres acceder a los cargos directivos. De las doce universidades catalanas (siete públicas, cuatro privadas y una no presencial), solo una tiene rectora: María José Figueras (URV), si bien años atrás hubo otras dos: Imma Tubella (UOC) y Margarita Arboix (UAB). Y si nos centramos en el Estado, solo ha habido 20 mujeres rectoras entre todas las universidades públicas (50) desde que en 1982 Elisa Pérez Vera fue la primera mujer rectora, en la UNED. Tendremos que esperar por lo menos cuatro años más para que el siglo XXI entre de verdad en la UB. Un informe de la Xarxa Vives de Universidades deja muy claro cuáles son las razones del sesgo de género en el reclutamiento, la promoción y la retención del personal en las universidades. En 2018 solo una de cada cinco cátedras —ser catedrático/a es condición necesaria para llegar a rector/a— estaba ocupada por una mujer. El ámbito del pensamiento y del conocimiento catalán no es muy diferente de la sociedad desigual en todo el mundo, como explica la historiadora estadounidense Lynn Hunt.
Solo la independencia permitirá tener una universidad que responda a los intereses de la comunidad que trabaja en ella e implantar el modelo republicano y libre que rige en las mejores universidades del mundo
El artículo 4.1 del Estatuto de la UB determina que los valores universitarios se basan en “los principios de libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad” y el artículo 58.1.n) reconoce como competencia del Claustro “debatir y aprobar propuestas de resolución sobre temas de trascendencia social o universitaria”. Haciendo uso de esta reglamentación, el 5 de octubre de 2019, el Claustro de la Universitat de Barcelona aprobó, por 111 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones, un manifiesto en que rechazaba “las condenas de los presos políticos y la judicialización de la política”. La mayoría fue abrumadora. A principios de octubre de este año, el juzgado contencioso-administrativo número 3 de Barcelona anuló dicho manifiesto por vulnerar, según el juez, “el derecho de la libertad ideológica, de expresión y de educación” y por entender que no cumplía con el “deber de neutralidad” de las instituciones. Puesto que muchos jueces españoles no saben qué es la democracia, les resulta difícil entender la diferencia entre la neutralidad de las instituciones —lo que más bien es la equidad en las actuaciones administrativas—, y los pronunciamientos de los órganos representativos. Del mismo modo que todos los gobiernos democráticos actúan según la ideología del partido o de las coaliciones que los dirigen, los órganos rectores de cualquier organización civil actúan según el criterio mayoritario de los individuos que los integran. La democracia es eso: equidad e igualdad en el trato a la ciudadanía y libertad en la orientación ideológica de la gobernanza.
Durante la década del procés soberanista, el actual equipo rectoral ha ido cambiando de actitud ante los abusos de poder. Si en septiembre de 2017, el rector y su equipo emitieron un comunicado para condenar “la vulneración de derechos fundamentales y de las libertades democráticas que se están produciendo estos días”, el ahora candidato a la reelección, el catedrático de Matemáticas Joan Elias, se inhibe ante el contexto político y se esconde. Así lo refleja la valoración hecha por colectivo UB x la República en la encuesta planteada a los tres candidatos a rector —el mencionado Joan Elias, el catedrático de Derecho Procesal David Vallespín y el catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento Joan Guàrdia— sobre qué piensan en relación con la autonomía universitaria, los derechos lingüísticos, la represión, la igualdad de género, la implicación política y los derechos laborales. El único que aprueba, y con muy buena nota, es el candidato Joan Guàrdia, que está acompañado por un equipo de vicerrectores y comisionados de clara trayectoria soberanista y de muy buena solvencia académica. Tan solo voy a destacar a tres de ellos: Agustí Alcoberro, el antiguo presidente de la ANC; Jordi Matas, uno de los síndicos del referéndum del 1-O perseguidos por la justicia española, y Gemma Marfany, la colega que también escribe en este diario semanalmente.
Las últimas elecciones sindicales en la UB las ganó la Intersindical-CSC (10 representantes), aunque los sindicatos autonomistas —CSIF (7) y CCOO (6)— pactaron para cerrarle el paso a la presidencia y a la secretaría de la Junta de Personal Docente e Investigador (JPDI). Fue un pacto entre perdedores para evitar que nada cambie en la UB, controlada desde hace años por gente de ideas conservadoras, burocráticas y reglamentistas que no dan solución al evidente deterioro de la enseñanza superior. El sistema universitario catalán es, en realidad, inexistente, porque el autonomismo solo duplicó la burocracia y precarizó al profesorado no funcionario con la proliferación de contratos basura. Además, ser profesor universitario en Catalunya comporta tener que sortear la burocracia de Madrid —porque somos funcionarios españoles— y la burocracia catalana, erigida por el pujolismo porque no supo soberanizar la enseñanza universitaria. Yo lo tengo claro, por lo tanto: solo la independencia permitirá tener una universidad que responda a los intereses de la comunidad que trabaja en ella e implantar el modelo republicano y libre que rige en las mejores universidades del mundo. Si entre el PDI de la UB ya se impuso el independentismo, ahora es necesario contar con un rector que cuando menos sea sensible a la defensa la enseñanza de calidad, de la igualdad de género, de la implantación de una carrera académica para asegurar la renovación del cuerpo docente y que defienda la soberanía, pero que tampoco se olvide que, sin la democracia y libertad de expresión, la universidad no es nada. Ese rector debe ser Joan Guàrdia.