El estado en España es una finca de nacionalistas. Los estados europeos anteriores a 1945 estaban dominados, también, por nacionalistas. Los estados-nación surgidos de la caída de los imperios se forjaron mediante la difusión de un nacionalismo agresivo, cuya culminación fueron las cámaras de gas alemanas. Europa tiene una historia negra, negrísima, que conecta con el mito griego sobre el rapto y la violación de la diosa que da nombre al continente. Ha habido guerras y enfrentamientos de todo tipo. El Holocausto y la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial propiciaron que los políticos más sensatos buscaran vías alternativas a los anteriores enfrentamientos. Solo un hombre de frontera, el ministro francés de Asuntos exteriores Robert Schuman, alemán hasta el 1919 (luxemburgués de nacimiento y residente en Lorena), podía tener el atrevimiento de dar un paso hacia adelante para acabar con las disputas nacionalistas. Los visionarios están marcados por la rareza. En 1950, Schuman recibió el informe que había encargado a Jean Monnet, director de la Oficina de Planificación francesa, con la propuesta que daría pie a la llamada Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950 y a la posterior constitución de la CECA. Así es como empezó el largo camino para llegar a la constitución de la UE.

Si alguna virtud tiene la sentencia del tribunal europeo es que ha interpretado de forma ortodoxa la idea que Europa es, por encima de todo, una comunidad de ciudadanos y que el Parlamento Europeo es soberano y se añade a las instancias legislativas estatales

La historia de la UE estuvo dominada por las tensiones. Tensiones entre los estados, pero, también, tensiones provocadas por las discrepancias sobre el modelo político y organizativo que debía tener. Seguir los Tratados de la UE es una tortura, porque se han modificado sucesivamente. La comunidad europea nació, primero, como un marco de colaboración económica, pero poco a poco fue introduciéndosele el sentido político que asegurase que el espacio europeo se apoyaría en el protagonismo no solo de los estados, sino, sobre todo, de los ciudadanos. El preámbulo del Tratado de la Unión Europea argumenta que los estados miembros están “RESUELTOS a crear una ciudadanía común a los nacionales de sus países”. El artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que existe una ciudadanía de la UE y que es ciudadano de la Unión cualquier persona que tenga la nacionalidad de un estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade, pues, a la ciudadanía estatal-nacional. Eso comporta que el TJUE de Luxemburgo es la última instancia del poder judicial español, donde puede recurrir el ciudadano, y no una magistratura extranjera.

La reacción airada y nacionalista de Pablo Casado y Esteban González Pons ante la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras ha sido antológica. Los conservadores españoles, que antes acusaban al independentismo catalán de querer poner fronteras y les amenazaban con empujarlos fuera de Europa, de golpe reclaman a Pedro Sánchez que suspenda el Tratado de la UE, que cierre las fronteras, y, supongo, que vuelva a la autarquía franquista. Da grima. Deberían leer a Schuman y creer más en Europa. Si alguna virtud tiene la sentencia del tribunal europeo es que ha interpretado de forma ortodoxa la idea que Europa es, por encima de todo, una comunidad de ciudadanos y que el Parlamento Europeo es soberano y se añade a las instancias legislativas estatales. No las sustituye pero se regula él mismo. ¿Se acuerdan de la decisión de la Junta Electoral Central española que prohibió la presencia de Puigdemont, Comín y Ponsatí en la candidatura de JxCat para las elecciones europeas? Fueron sustituidos provisionalmente por Xavier Trias, Gonzalo Boye y Bea Talegón. ¿Qué habría ocurrido si Boye hubiera llegado a ser eurodiputado? Pues que no habría podido jurar la Constitución española porque, sencillamente, no es español. Es un chileno con pasaporte alemán. Boye habría sido eurodiputado porque el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la UE es tajante cuando indica que se “prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad”. Jurar la Constitución española, alemana o húngara no convierte a nadie en eurodiputado ni no hacerlo impide que lo sea. Boye debió pensar en su caso cuando diseñó la defensa de los intereses de Puigdemont y Comín. A veces, los detalles permiten llegar al fondo de una cuestión.

El uso político y sectario de la Abogacía del Estado, la contaminación ideológica de los tribunales españoles y la persecución de las ideas no se borran solo porque ahora el PSOE necesite la abstención de ERC para llegar a gobernar

Hay que celebrar la decisión del TJUE, en especial porque la judicialización del conflicto catalán en Europa toma otro sentido que en España. Es cínico que ahora la portavoz del gobierno español, la ministra Isabel Celaá diga que “la sentencia se tiene que analizar en el ámbito de la justicia” y “nadie tiene que pasar por alto que este es un estado de derecho que se sustenta por la separación de poderes y la justicia y la política van por caminos separados, líneas separadas y sustanciar sus problemas por fórmulas distintas”. El uso político y sectario de la Abogacía del eEstado, la contaminación ideológica de los tribunales españoles y la persecución de las ideas no se borran solo porque ahora el PSOE necesite la abstención de ERC para llegar a gobernar. Si los socialistas españoles tuvieran una actitud democrática que ha quedado demostrado que no tienen, habrían planteado la vía política mucho antes y no cuando no les queda otro remedio. Es inimaginable, o por lo menos a mí me lo parece, ver como ministros a Jaume Asens (con quien he coincidido en los pasillos de Lledoners) o a Rosa Lluch (compañera mía en la facultad) con los votos del PP o de Cs. Ya sé que Ada Colau es alcaldesa con el apoyo de Cs, pero la acumulación de errores no ha ayudado nada electoralmente a los comunes.

Satisfacer a Unidas Podemos y a sus socios es un problema de Pedro Sánchez. La sentencia del TJUE y esta urgencia de la coalición izquierdista por acordar la investidura es la oportunidad que tiene el independentismo para cambiar el escenario. En las condiciones actuales, y una vez que está asegurado que el líder del independentismo en el exilio podrá trabajar abiertamente contra la injusticia y hacer política dentro del marco europeo y no como un paria, quizás ha llegado la hora de que JxCat se plantee entrar en la negociación con Pedro Sánchez con toda la astucia posible. JxCat podría aplicar a Sánchez el chiste del dentista. Se entiende, ¿verdad? Es algo sencillo pero tan eficaz como el ejemplo sobre lo que habría podido ocurrir con Boye y el juramento constitucional si hubiera cogido el acta de eurodiputado. La política está siempre condicionada por la mayorías y por las oportunidades. El PSOE tiene que hacer un gesto, tan trascendente como el que Schuman tuvo con los alemanes. Francia alargó la mano a Alemania. El PSOE tiene que reconocer a Puigdemont como el actor político que es y tiene que poner en libertad a Oriol Junqueras. Sin el reconocimiento del otro ningún conflicto tiene solución. Puigdemont ya ha dejado claro que él está dispuesto a acudir a la Moncloa o a la Zarzuela para hablar de lo que sea.

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