El régimen del 78 está entumecido, es incapaz de evolucionar y de adaptarse al mundo de hoy. Los que se hacen llamar constitucionalistas chochean no sólo porque han envejecido, sino porque insisten en convertir la Constitución de 1978 en una jaula que acogote las ansias de libertad. El entramado institucional español, consagrado por esta Constitución, ha tomado el poder y, por decirlo de alguna forma, ha privatizado la democracia. La Constitución ha dejado de ser un instrumento para generar consenso, si es que nunca llegó a serlo de verdad. Al fin y al cabo, muchos de los que hoy esgrimen la Constitución española se opusieron a ella en 1978 y votaron en contra de su aprobación, empezando por el PP. Y muchos de quienes la defendían y la votaron favorablemente, por ejemplo un servidor, hoy ya sabemos que el sistema de poder en España actúa al margen de la norma básica que lo regula.

A partir de la revuelta catalana ha quedado claro para nosotros lo que ya lo era en el País Vasco, cuando ETA mataba. El Estado respondió a la violencia con torturas, asesinatos y todo tipo de vulneración de derechos, incluyendo convertir a los presos en rehenes. El huevo de la serpiente ya estaba ahí y el PSOE se añadió a la vulneración de los derechos más elementales. ETA dio alas a los que, salidos del franquismo y reciclados para la democracia, como los jueces del TOP, fueron deteriorando el régimen del 78 hasta la actual podredumbre. ETA ayudó a la politización de la justicia, justificó las arbitrariedades policiales e incluso facilitó que la lucha antiterrorista fuera una madriguera de corrupción. La violencia política, como han explicado varios historiadores y recientemente volvió a explicar Sophie Baby en el libro El mito de la transición pacífica (Akal 2018), condicionó la evolución de la democracia española hasta el punto de blanquear el franquismo incrustado en la policía y la judicatura. Lo estaba de tal modo que el presidente de Vox, Santiago Abascal, es un antiguo militante del PP vasco y el gurú del partido es ahora José María Aznar, el único presidente del Gobierno que ha sufrido un atentado de ETA, en 1995, mucho después que en 1973 la organización terrorista asesinara al almirante-duque Luis Carrero Blanco. 

Seguramente, el caso del País Valenciano es el más estudiado en cuanto a la actividad de la extrema derecha franquista en contra de la democracia. Si ahora, como explica muy bien Ferran Mascarell, los poderes fácticos de Madrid han diseñado la candidatura de Manuel Valls y no escatiman dinero para que el exprimer ministro llegue a la alcaldía de Barcelona con un programa de españolización y provincialización de la capital catalana, varios autores han ido destapando la “conspiración azul” del régimen del 78 para aislar a Catalunya del área cultural y económica a la que pertenece. Vicent Bello escribió el primer estudio serio sobre el blaverisme con La pesta blava (Editorial 3y4), mientras que el libro de Vicent Flor, Noves glòries a Espanya (Editorial Afers, 2011), revelaba las conexiones existentes entre los grupos fascistas, el blaverisme y los ultras del Valencia C.F. A No mos fareu catalans. Història inacabada del blaverisme (PUV, 2009), Francesc Viadel puso nombres y apellidos a los dirigentes del primer grupo populista de lo que hoy en día calificaríamos de extrema derecha y que entonces el Estado normalizó tanto como en la actualidad hay quien quiere lavar la cara a Vox. El País Valencià fue un banco de pruebas de hasta dónde se podía llegar en la vulneración de derechos sin que los políticos catalanes convencionales —valedores del régimen del 78 hasta que han ido a por ellos— nunca lo denunciaron.

La resistencia no violenta contra el Régimen del 78 es el arsenal que permitirá al soberanismo obtener la solidaridad de los demócratas de todas partes y finalmente tumbar la nueva estaca que apuntalan conservadores, socialistas, unos cuantos comunistas y la extrema derecha española

El nacionalismo español no ha conseguido crear un proyecto común y se aferra a la Constitución para convertirla en un falso dogma de convivencia. La Carta Magna ha sido la alfombra bajo la que se escondieron franquistas y políticos de todo tipo que han actuado como auténticos cuervos y, en los casos más extremos, directamente como delincuentes. La corrupción es consustancial al régimen del 78. A los once años de ser aprobada la Constitución ya se detectó el primer caso de corrupción política. En 1989 el caso Filesa destapó la financiación irregular del PSOE y el PSC, su particular 3%. Causó una gran conmoción porque supuso el encarcelamiento de Josep Maria Sala, el secretario de organización de los socialistas catalanes, a pesar de que, ¡cómo son las cosas!, el Tribunal Constitucional suspendió la condena antes de que Sala cumpliera los tres años de cárcel. Desde entonces la corrupción en España no ha parado de crecer. Desde el año 2000, según 13 expertos convocados por el diario El País en mayo de este año, en España ha habido más de 2.000 casos de corrupción. Los tres más graves son, por este orden, Púnica, Gürtel y Palau. Los dos primeros afectan al PP de Madrid y Valencia y el tercero a CDC. Habría que añadir también los ERE de Andalucía, caso que ha traído ante la justicia no uno, sino dos presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Hay quien defiende, como el profesor Manuel Villoria, que la corrupción en España no es sistémica porque, a diferencia de México, por ejemplo, son muy pocos los casos en los que están implicados funcionarios. Eso es cierto, pero la corrupción política en España es mucho más estructural de lo que se quiere admitir, como explicó muy bien el joven historiador Jaume Muñoz Jofre en su debut editorial, en 2015, con el estudio La España corrupta. Breve historia de la corrupción (de la Restauración a nuestros días, 1875-2016), obra publicada por la Editorial Comares. ¿Es que alguien se ha preocupado jamás por investigar de dónde proviene la fortuna inmensa que tiene Juan Carlos I? La Constitución del 78 blindó la monarquía y situó aquel rey y al actual fuera de la ley para que no tuvieran que responder de sus actos. Los entornos de los “intocables” se pudren, como ya se ha visto. Y esto vale para los reyes y para los virreyes.

Tardará más o menos en caer, pero el Régimen del 78 está herido de muerte. El conflicto catalán está poniendo al límite el sistema constitucional español. El camino hacia la no democracia avanza en España como en otros muchos lugares del mundo. La Europa de los Estados, de los lobbies y de los protodictadores como Viktor Orbán quizás podrá dar la espalda momentáneamente a lo que está pasando en España, donde el Tribunal Constitucional utiliza una argucia legal para mantener en prisión preventiva a los líderes del soberanismo y obstaculizar su defensa, pero eso no puede durar eternamente. Puesto que la respuesta catalana a la arbitrariedad judicial no es la violencia, sino la huelga de hambre de algunos de los presos políticos, el dramatismo de la situación no favorecerá Estado como cuando ETA mataba a civiles y militares. Al contrario. La resistencia no violenta contra el Régimen del 78 es el arsenal que permitirá al soberanismo obtener la solidaridad de los demócratas de todas partes y finalmente tumbar la nueva estaca que apuntalan conservadores, socialistas, unos cuantos comunistas y la extrema derecha española, la vieja y la nueva. Ya que me imagino que hoy no tienen nada que celebrar, les recomiendo que aprovechen este triste 6-D para leer el libro Why Civil Resistance Works? (Columbia University Press, 2012), escrito a cuatro manos por las profesoras Erica Chenoweth y Maria J. Stephan, que trabajó en el departamento de Estado de los EE.UU.  En él descubrirán hasta qué punto es real que la resistencia pacífica es eficaz y evita que el adversario tenga la oportunidad de montar el GAL, por ejemplo.

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