Después de semanas y debates, el Parlamento de Venezuela (Asamblea Nacional) ha aprobado este jueves por unanimidad una ley de amnistía histórica y sin precedentes. La ley de amnistía para la Convivencia Democrática, que el chavismo vende como una iniciativa de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a los presos políticos que hayan cometido delitos desde 1999, y es presentada como una oportunidad de asentar las bases para un nuevo futuro político del país. Esta norma permitirá liberar a cientos de presos políticos (alrededor de 600 pendientes), así como eximir de causas judiciales a los perseguidos en clandestinidad o exilio, incluyendo 13 acontecimientos políticos conflictivos desde 1999 hasta 2026, incluyéndose el período opositor en la Asamblea (2016-2021). La ley, sin embargo, excluye explícitamente a militares acusados de rebelión (unos 174), así como delitos graves como violaciones a derechos humanos, lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción y narcotráfico. 

Delcy Rodríguez celebra el acuerdo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo sentirse “muy complacida” con la aprobación de la ley que, a su juicio, abre una puerta para que los ciudadanos se reencuentren y para que el país aprenda a convivir pacífica y democráticamente. “Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que primen el amor, el entendimiento, el reconocimiento”, añadió después de rubricar la legislación en el palacio presidencial de Miraflores, acompañada del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello. "Hay que saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón", recalcó Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia del país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, abriendo un “nuevo momento político”. La liberación de los presos políticos también ha sido una exigencia de la Administración Trump para mantener el régimen chavista en el poder. La líder chavista también pidió el cierre de la prisión de El Helicoide, símbolo de la represión política en Venezuela, y que Trump definió como “una cámara de tortura en el corazón de Caracas”. 

El proyecto ha salido adelante con los votos de la unanimidad de la cámara dirigida por Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, que ha aprovechado para "saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial", así como a los miembros de la Asamblea Nacional. El texto incluye la creación de una comisión especial de seguimiento de la ley, presidida por el diputado Jorge Arreaza. 

¿Qué delitos incluye y excluye la nueva ley?

La ley se aplicará sobre la base de unos hechos cometidos en el marco de trece acontecimientos recogidos en el artículo 8 del texto. Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o “faltas cometidas” durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el difunto presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de aquel año y principios de 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004 y las protestas antigubernamentales de 2007, 2013, 2017 y 2024. Con todo, la ley específica, en el artículo 9, que quedan excluidos delitos de "corrupción, violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes".

La duda que afecta a Corina Machado

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela por parte de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”, lo que genera debate sobre líderes opositores como María Corina Machado. El chavismo ha acusado repetidamente a Machado de instigar invasiones o apoyos externos (por ejemplo, de los EE. UU.), como en el contexto del bombardeo de enero de 2026, situándola en riesgo de exclusión a pesar de su inhabilitación administrativa no cubierta directamente por la ley.

En el artículo 11 se indica que un tribunal con competencia en el delito imputado verificará la aplicación de la amnistía y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación, en un plazo “que no excederá de 15 días consecutivos”. La legislación también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigor de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

El documento aprobado este jueves sostiene que los presos que puedan acogerse a la amnistía deben presentarse ante las autoridades, si bien establece que aquellas personas que se exiliaron puedan ser representadas por un abogado o abogada de su “confianza y elección” mientras se tramita su solicitud. Además, impide la detención de los beneficiarios durante el tiempo que esté en curso el trámite.

Reacciones a la nueva ley

El diputado opositor Stalin González, miembro de la comisión de seguimiento de la ley, cree que la amnistía es una “herramienta para reconstruir la justicia”, aunque “no es perfecta”. Pero algunas ONG defensoras de los derechos humanos y opositores venezolanos expusieron sus reservas en publicaciones hechas en las redes sociales tras la aprobación de la ley. La ONG Foro Penal, que estima en 448 los presos políticos excarcelados desde el pasado 8 de enero, pero que contabiliza 644 presos sin excarcelar, ha reaccionado a la aprobación de la ley afirmando que “los crímenes contra la humanidad nunca prescriben”. Su presidente, Alfredo Romero, ha denunciado que la ley “es bastante restrictiva”, ya que “excluye” a personas perseguidas políticamente “detenidas, incluso muchas de ellas arbitrariamente”. 

Según informa la agencia Efe, el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, ha opinado que lo que se ha aprobado no corresponde “con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza” . La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que el texto aprobado es “revictimizante, excluyente y, en absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos”. Igualmente, el partido opositor Primero Justicia sostuvo que la ley es “insuficiente y sesgada”.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha informado de que los familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), denominada zona 7, en Caracas, han suspendido la huelga de hambre que comenzaron hace más de cinco días, si bien han alegado "grave desgaste físico y ausencia total de respuestas por parte de las autoridades".