Cuando una catástrofe obliga a los ciudadanos a organizarse para suplir funciones básicas que corresponden a las instituciones, la magnitud del desastre ya no se mide solo en víctimas o edificios derrumbados. También se refleja en la capacidad de respuesta del Estado. Esto es lo que está pasando en Venezuela después de los terremotos del 24 de junio, los más intensos registrados en el país en más de un siglo, según las autoridades sísmicas.
En pocas horas, un grupo de desarrolladores venezolanos puso en marcha dos plataformas digitales destinadas a localizar personas desaparecidas y reconectar familias incomunicadas. Los portales permiten registrar personas de las que se ha perdido el contacto y, paralelamente, informar de los ciudadanos que han sido localizados. La iniciativa ha nacido sin apoyo institucional, es gratuita y se basa exclusivamente en la colaboración ciudadana.
Incapacidad de respuesta por parte del Estado
El hecho de que esta respuesta haya sido posible en cuestión de horas pone de manifiesto tanto el potencial de la tecnología cívica como las dificultades de las administraciones para gestionar una emergencia de esta magnitud. En cualquier país afectado por un desastre natural, los primeros días son determinantes para coordinar rescates, centralizar información y evitar que miles de familias queden sin noticias de sus seres queridos. En Venezuela, sin embargo, esta función ha recaído en gran parte sobre la iniciativa privada y la sociedad civil.
La causa inmediata es el colapso de las telecomunicaciones, pero el problema es más profundo. Hace años que el país arrastra deficiencias estructurales en infraestructuras, servicios públicos y sistemas de respuesta ante emergencias. Cuando los terremotos interrumpieron las comunicaciones, muchas instituciones se vieron incapaces de ofrecer información actualizada y centralizada sobre desaparecidos, evacuaciones o personas atendidas en los hospitales.
En este vacío informativo, las redes sociales se llenaron de fotografías de listas manuscritas colgadas en centros sanitarios y puntos de acogida. Las nuevas plataformas digitales han intentado ordenar este caos convirtiendo miles de consultas dispersas en una única base de datos compartida.
Según los impulsores del proyecto, decenas de miles de personas ya han sido registradas. Más allá de las cifras concretas, la iniciativa evidencia una realidad incómoda: son los ciudadanos quienes han asumido una tarea que, en situaciones de emergencia, acostumbra a coordinar la protección civil o los organismos estatales.
Este episodio también refleja una tendencia que Venezuela ha vivido en los últimos años. Ante la falta de información oficial o su escasa transparencia, han proliferado iniciativas independientes para verificar datos, documentar procesos electorales u ofrecer servicios que las instituciones no garantizan. Algunos de los desarrolladores implicados en esta plataforma ya habían creado herramientas digitales durante las elecciones presidenciales de 2024 para facilitar la verificación ciudadana de los resultados.
Organización de la sociedad civil
La crisis provocada por los terremotos ha vuelto a poner sobre la mesa el mismo debate: hasta qué punto un Estado está preparado para proteger a la población cuando las infraestructuras colapsan. En cualquier emergencia es normal que la ciudadanía se organice y colabore. Lo que resulta excepcional es que esta red improvisada acabe convirtiéndose en el principal canal para localizar desaparecidos.
Las autoridades continúan gestionando las tareas de rescate y asistencia humanitaria, pero la rapidez con la que han reaccionado los voluntarios contrasta con la falta de un sistema oficial capaz de aglutinar toda la información. Esta diferencia alimenta las críticas sobre la preparación institucional ante desastres naturales y vuelve a evidenciar las debilidades de un aparato público que, después de años de crisis económica y política, continúa mostrando graves dificultades para responder con eficacia en situaciones límite.
En medio de la tragedia, las plataformas ciudadanas no solo sirven para reconectar familias. También se han convertido en el símbolo de una sociedad que, ante las limitaciones de la administración, ha decidido organizarse para hacer aquello que el Estado no ha sido capaz de garantizar con la rapidez que exigía la emergencia.