El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha rectificado y ha decidido recuperar los mítines que había cancelado en Iowa y Kansas, a solo tres días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El cambio de planes llega en medio de una fuerte tensión electoral, con funcionarios que denuncian presiones del gobierno federal, advertencias de posibles penas de prisión y preparativos ante la eventual presencia de agentes armados en los colegios electorales. Una jueza federal ha intervenido para frenar las amenazas de la Administración a los responsables de gestionar las votaciones.
La Casa Blanca había anunciado el jueves que Trump sustituiría los actos presenciales por una veintena de mítines telefónicos. El magnate americano justificó la suspensión de la visita a Kansas asegurando que el senador republicano Roger Marshall tenía buenas perspectivas electorales. "No creo que tenga que ir a Kansas", afirmó. Sin embargo, menos de 24 horas después, los dos mítines volvían a figurar en su agenda para el domingo. Según la Casa Blanca, los cambios responden a cuestiones de organización, mientras que diversas informaciones apuntan que el propio Trump impulsó la rectificación. Los republicanos afrontan unos comicios ajustados en estos dos estados, decisivos para mantener el control del Senado.
Amenazas de prisión a los funcionarios y una jueza que frena a Trump
Paralelamente, el Departamento de Justicia ha enviado cartas a las autoridades electorales de los 50 estados para recordarles la obligación de conservar las papeletas y la documentación durante 22 meses. Los escritos advierten que los incumplimientos deliberados pueden comportar multas de hasta 1.000 dólares y penas de hasta un año de prisión. La Administración defiende que se trata de garantizar el cumplimiento de la legislación, pero estas advertencias han incrementado la preocupación entre los responsables electorales, que denuncian presiones federales en plena recta final de los comicios.
La tensión también ha llegado a los tribunales. El viernes, la jueza federal Trina Thompson prohibió temporalmente al gobierno de Trump amenazar con procesos penales a los funcionarios electorales que se nieguen a aplicar determinadas exigencias federales sobre las papeletas. La resolución también impide obligar a las autoridades a apartar votos o modificar los censos basándose únicamente en sospechas sobre la nacionalidad de los electores. La decisión llega después de que la Administración intentara separar hasta 20.000 papeletas en California por posibles irregularidades, una petición que los tribunales rechazaron.
Preparativos ante la posible aparición de agentes armados en los colegios
Esta situación ha llevado a responsables electorales de varios estados, como Pensilvania y Wisconsin, a preparar protocolos ante posibles intimidaciones o intervenciones de agentes federales durante las votaciones. Las medidas incluyen instrucciones a los trabajadores sobre cómo actuar si aparecen agentes en los centros de votación o se producen intentos de interferir en el recuento. A pesar de estos temores, no hay ningún despliegue de agentes armados en los colegios electorales confirmado. El Departamento de Justicia asegura que los observadores federales no llevarán armas ni interferirán en las votaciones, y que no participarán agentes del FBI ni del servicio de inmigración ICE. Con el control del Congreso en juego, las autoridades se preparan para garantizar el desarrollo de las elecciones y afrontar las posibles disputas que puedan surgir después de los resultados.