El Tribunal Penal número 4 de Damasco ha condenado este martes a muerte al dictador sirio Bashar al-Asad, en la primera sentencia contra el dirigente desde la caída de su régimen en diciembre de 2024. Al-Asad, que vive exiliado en Moscú con protección de Rusia, ha sido juzgado en ausencia por asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y crímenes contra la humanidad cometidos durante sus 24 años en el poder.
El juez Fakhr al-Din al-Uryan ha considerado que al-Asad actuó como máximo responsable de las decisiones que permitieron la represión de la población y que utilizó las instituciones del Estado para ejecutarla. La sentencia también condena a muerte a Maher al-Asad, hermano del dirigente y una de las figuras clave del aparato militar del régimen, y a Atef Najib, primo del expresidente y antiguo jefe de la Seguridad Política en Daraa. En total, nueve personas vinculadas al antiguo régimen han recibido la pena capital.
Un juicio marcado por la ausencia
El caso de Najib es especialmente simbólico. Es el único de los condenados que está detenido en Siria y que ha podido comparecer ante el tribunal. Dirigió el aparato de Seguridad Política en Daraa cuando, en marzo de 2011, las protestas contra el gobierno empezaron a extenderse por el país. Aquel estallido, desencadenado en parte por la detención y tortura de menores que habían escrito consignas contra el gobierno en una pared, acabó convirtiéndose en una guerra que durante catorce años devastó Siria.
Durante el juicio, el tribunal ha atribuido a Najib responsabilidad en los interrogatorios y las torturas de varios detenidos y en el asalto de las fuerzas de seguridad a la mezquita Omari de Daraa. El templo se había convertido en uno de los principales puntos de reunión de los primeros manifestantes y en un símbolo de la revuelta contra al-Asad. Según los testimonios presentados en el proceso, la represión de las protestas provocó decenas de muertos.
La sentencia llega a una Siria radicalmente diferente de la que dejó al-Asad. El dictador fue derrocado en diciembre de 2024 después de una ofensiva de grupos rebeldes encabezados por Ahmed al-Sharaa, antiguo dirigente de Hayat Tahrir al-Sham, y huyó a Rusia. Desde entonces, las nuevas autoridades sirias han intentado consolidar el control del país y, al mismo tiempo, afrontar el legado de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.
Las limitaciones de la sentencia
El juicio tiene así una dimensión que va más allá de la condena de un antiguo dirigente. Para las víctimas y sus familias, representa un primer intento de llevar ante la justicia a los máximos responsables de una represión que dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Para las nuevas autoridades, es también una oportunidad para demostrar que la ruptura con el antiguo régimen no será solo política, sino también judicial.
Pero la sentencia tiene un límite evidente: al-Asad continúa en Rusia y no está bajo custodia siria. La pena de muerte, por tanto, es de momento inejecutable. Su valor es sobre todo político y judicial: por primera vez, un tribunal sirio fija formalmente la responsabilidad del antiguo dirigente en los crímenes del Estado que encabezó durante más de dos décadas. El reto ahora será convertir este proceso en una política de justicia que llegue a más responsables y, sobre todo, a las víctimas, sin transformar la nueva etapa siria en una simple venganza contra los derrotados.