El Reino Unido estudia hasta dónde puede llegar el uso de fármacos que reducen la libido en personas condenadas por delitos sexuales. Según ha publicado The Guardian, responsables británicos han explorado la posibilidad de que participar en estos tratamientos pueda llegar a formar parte de las condiciones de una libertad condicional, siguiendo modelos aplicados en otros países. Ahora, sin embargo, la medicación es voluntaria: tomarla no da derecho a salir de la cárcel ni garantiza que se apruebe una excarcelación. La psicóloga forense Belinda Winder calcula que, si el programa se extiende, aproximadamente uno de cada cuatro de los 15.000 presos por delitos sexuales de Inglaterra y Gales, unos 3.750, podría ser valorado para recibir el tratamiento.
Un programa que se extiende a las prisiones británicas
El tratamiento forma parte del programa Medication to Manage Problematic Sexual Arousal (MMPSA), destinado a personas con pensamientos sexuales intrusivos y persistentes, excitación problemática o comportamientos sexuales compulsivos. El proyecto, presente actualmente en diez prisiones, está previsto que se amplíe a veinte centros. Los medicamentos incluyen antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que pueden limitar los pensamientos obsesivos, y antiandrógenos, que reducen la producción de testosterona y la libido. El Ministerio de Justicia ya anunció en 2025 que la expansión territorial permitiría que alrededor de 6.400 condenados pudieran tener acceso a la medicación junto con tratamiento psicológico. Esta cifra hace referencia al acceso al servicio, mientras que los 3.750 son una estimación de los presos que podrían ser considerados candidatos al tratamiento en un despliegue más amplio.
La medicación, en cualquier caso, no está indicada para todos los condenados por delitos sexuales. Los especialistas señalan que puede ser inadecuada cuando la conducta delictiva está motivada principalmente por la ira o cuando los problemas de comportamiento están relacionados con el consumo de alcohol o drogas. Tampoco se considera una cura: puede reducir determinados impulsos o pensamientos, pero no elimina por sí misma las conductas o los factores subyacentes que han contribuido al delito.
Tomar la medicación no garantiza salir de la cárcel
El punto más controvertido es la posible relación entre el tratamiento y la libertad condicional. De momento, un preso no puede obtener automáticamente la libertad por el hecho de aceptar la medicación. La Parole Board debe valorar individualmente el riesgo y múltiples aspectos del comportamiento del condenado. Winder lo resume así: "Nunca será tan simple que se tome una decisión sobre si conceder la libertad condicional a alguien en función de si toma la medicación". The Guardian señala, sin embargo, que responsables británicos han estudiado si participar en estos programas podría convertirse en una condición de la licencia de libertad, una posibilidad que abre el debate sobre hasta qué punto el consentimiento continuaría siendo realmente voluntario.
En una respuesta parlamentaria publicada en 2026, el gobierno británico confirmó que trabaja para determinar la viabilidad tanto de un despliegue nacional del programa como de un eventual tratamiento obligatorio. En el Parlamento también se ha presentado una enmienda que reclama estudiar cómo introducir la supresión química obligatoria para determinadas personas condenadas por delitos sexuales, con garantías legales y clínicas, aunque la propuesta todavía no ha sido aprobada.
Los efectos secundarios y el dilema del consentimiento
La posibilidad de asociar la medicación a la libertad condicional también genera interrogantes médicos y éticos. Los antiandrógenos pueden provocar cansancio, sofocaciones, pérdida muscular, cambios de estado de ánimo, aumento de peso y reducción de la densidad ósea. Otros países ya han adoptado modelos diferentes: Dinamarca y Francia han utilizado estos tratamientos de manera voluntaria, mientras que Polonia los ha hecho obligatorios para algunos condenados; en varios estados australianos, los tribunales o las autoridades de libertad condicional pueden imponer tratamientos contra la libido a personas consideradas de alto riesgo como condición para quedar en libertad. El Reino Unido deberá decidir ahora si mantiene su modelo estrictamente voluntario o avanza hacia alguna fórmula que vincule el tratamiento con el regreso a la vida en libertad.