El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Brooklyn, ante el juez Alvin Hellerstein en la que será su segunda audiencia desde su captura el pasado mes de enero. Maduro está acusado de encabezar una red de narcotráfico y narcoterrorismo que habría facilitado el envío de cocaína a territorio norteamericano, además de delitos de armas, mientras que su mujer, Celia Flores, también está incluida en el procedimiento con cargos relacionados. El tema central de la comparecencia será la moción de la defensa para desestimar el caso. Esta es una vista clave para decidir si el proceso penal continúa tal como está o el juez acepta parte de las peticiones de la defensa. Los abogados de Maduro y Flores alegan que el Departamento del Tesoro interfiere en su derecho constitucional a la defensa al negarles el acceso a fondos del Estado venezolano para pagar sus honorarios legales. Maduro no puede pagarse la defensa porque, según alegan los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, la administración Trump hizo un “bloqueo ilegal” de sus fondos.
Venezuela debe pagar por un derecho constitucional
La defensa de Maduro y Flores presentó un documento pidiendo la desestimación de los cargos por razones procesales, dado que Maduro y Flores aseguran que no tienen recursos propios para pagar los honorarios de sus abogados, y piden al juez Hellerstein que deje sin efecto las acusaciones porque creen que sus derechos han sido vulnerados. Pollack asegura en el escrito presentado que “al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”. Maduro y su esposa sostienen que su defensa la debe pagar el Estado venezolano, dado que es un derecho constitucional, y es lo que sostienen sus abogados.
Las sanciones a Venezuela lo impiden
"El gobierno de Venezuela, en virtud de sus leyes, tiene la obligación de pagar los gastos de defensa del señor Maduro", afirma Pollack, quien en su escrito asegura que el gobierno venezolano "está dispuesto a cumplir con su obligación". Pero alegan que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la oficina de control de activos (OFAC), revocó las licencias que permitían utilizar fondos venezolanos para sufragar a los abogados, calificándolo “de error administrativo”. El gobierno norteamericano lo justifica por las sanciones que aplica a Venezuela, y sostiene que los acusados solo podrían pagar sus defensas con fondos personales. El gobierno de Venezuela quiere cubrir el pago, pero los abogados de Maduro deberán obtener una licencia de la administración norteamericana. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, siempre ha mantenido que Maduro sigue siendo el presidente legítimo del país y ha proclamado su inocencia. Caracas está dispuesta a asumir el coste de la defensa de Maduro y su esposa, pero Washington intenta impedirlo con las sanciones, y por eso los abogados piden que se levante el bloqueo de la licencia o bien se invalide el caso por vulneración de derechos, apelando a la sexta enmienda. Los expertos en derecho, sin embargo, consideran del todo improbable que Hellerstein, de 92 años, invalide este caso.
¿Qué puede costar la defensa?
Desde que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados a Nueva York, el caso generó una auténtica carrera entre bufetes de primer nivel para hacerse con la defensa de la pareja presidencial, conscientes del peso mediático excepcional del proceso, de su complejidad jurídica y del eco global que tendrá cualquier decisión en los tribunales. Abogados de gran prestigio compitieron para representar a Maduro en un procedimiento que se prevé largo, complejo y bajo una atención mediática constante. Una vez que la pareja se decidió por Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, los abogados buscaron que sus honorarios pudieran financiarse con fondos del gobierno venezolano. Un caso federal tan complejo como este, puede disparar con rapidez los honorarios y los gastos hasta varios millones de dólares. Un abogado de primer nivel en un caso así puede cobrar miles de dólares por hora, y además deberían sumarse los costes de investigadores, expertos forenses, peritos, traductores y otros gastos procesales como recursos. Algunos expertos llegan a situar el coste total en más de diez millones de dólares, y la cifra se podría multiplicar, si el proceso se complica o se alarga en el tiempo. Pollack es un abogado con experiencia en grandes casos que en 2024 consiguió la liberación de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, acusado por EE. UU. de revelar información de seguridad nacional. Pero, en su carta en defensa de Maduro, Pollack indicó que abandonaría este caso si se mantienen las restricciones del Tesoro.