El Parlamento Europeo ha votado mayoritariamente a favor para que los países de la Unión Europea (UE) incluyan en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE el derecho a un aborto seguro y legal y el acceso "libre, informado, pleno y universal" a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. La resolución salió adelante por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones, con el apoyo de los grupos socialdemócrata, liberal, verde, de la izquierda y con una fracción de los populares europeos, mientras que el resto de este grupo se abstuvo o votó en contra y la ultraderecha y los conservadores expresaron su rechazo prácticamente frontal. Entre los eurodiputados españoles, solo el PP, Vox y dos de los siete eurodiputados de Ciudadanos votaron en contra.
Se trata de un texto no vinculante y, por lo tanto, es una petición a los Estratos miembros de la UE, los cuales no están obligados. Sin embargo, la petición se basa en pedir que se reforme la Carta de Derechos Fundamentales y esta pase a incluir en su artículo 3 el derecho de toda persona "a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación".
No se trata de una petición fácil de cumplir, ya que la reforma de los tratados requiere la unanimidad de los veintisiete países de la UE y es improbable que suceda por un asunto como el acceso a un aborto seguro y legal, ya que regularlo es una competencia de los Estados miembros y en cada uno se hace de manera diferente.
Dos Estados en el punto de mira
En el texto aprobado por la Eurocámara se urge a los gobiernos europeos, con menciones especiales a Polonia y Malta —donde este derecho está más restringido—, que garanticen el acceso a una atención al aborto segura, legal y gratuita, a servicios y material de asistencia sanitaria prenatal y materna, a la planificación familiar voluntaria, a métodos anticonceptivos, a servicios adaptados a los jóvenes, así como a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo ante el VIH, sin discriminación.
Los eurodiputados favorables a esta demanda han expresado su preocupación por el aumento de la financiación a grupos contrarios al derecho a un aborto seguro y han exigido a la Comisión Europea que se asegure de que este dinero no viene de fondos europeos, a la vez que, en el mismo sentido, se aumente el presupuesto público a programas y subvenciones activas para defender este derecho.