Parece que la Covid-19 ha captado la atención unánime de la prensa y los medios de comunicación de la mayor parte de la comunidad internacional. Desde una perspectiva occidental y europea, la actualidad gira en torno a la crisis sanitaria y su devastador impacto socioeconómico. Ahora bien, esta pandemia no afecta a todos los estados por|para igual, está claro. En el África, el continente posiblemente más maltratado de todos en los últimos doscientos años, la incidencia del virus no ha afectado de la misma manera que en nuestra casa, si bien cuesta que puedan llegar a ser más pobres de lo que ya son.
Si la actualidad africana acostumbramos a asociarla con guerras, hambre, golpes de estado, inestabilidad sociopolítica, pobreza y disponibilidad de grandes cantidades de recursos minerales, será por|para alguna cosa. Está en Mozambique, un estado de la costa oriental africana, donde desde hace poco tiempo se ha originado un nuevo conflicto armado. La excolonia portuguesa obtuvo su independencia a mediados de 1975, después de una larga y costosa guerra contra la metrópoli que, una vez finalizada, fue seguida por una guerra civil no menos mortífera que duró más de quince años (1977-1992). Una vez estabilizado el país, la economía se repuso. Gracias, sobre todo, a la inversión de capital extranjero. Si bien el estado de mayoría cristiana (sumando los católicos y otras ramas de esta religión) ha estado controlado con mano de hierro desde su independencia por el partido Frente de Libertação de Moçambique, los conflictos sociales han sido constantes y la cuestión religiosa no ha dejado de ser un tema de conflicto latente en el país, sobre todo con las minorías como los Testigos de Jehová –altamente perseguidos– y los musulmanes.
Fuente: dw.com
Precisamente es la minoría islámica de la provincia de Cabo Delgado la que desde 2017 se ha levantado en armas hacia el gobierno del Estado. Esta provincia se encuentra en la parte más septentrional del país y es, además, un territorio rico en materias primas como el gas. No sorprende, pues, que la explotación de estos recursos esté altamente cotizada por las grandes multinacionales. Como resultado de las fuertes desigualdades sociales, la pobreza crónica de la región desde la ocupación colonial, las luchas religiosas del país, así como la presencia de multinacionales y sus cuerpos de seguridades privados, se creó a finales de 2017 un contexto idóneo para acabar provocando en las zonas que van desde la ciudad de Pemba hasta la frontera de Tanzania una revuelta islamista.
Autor: ACLED
La organización que dirige el levantamiento armado se llama el Poner Ansas a al-Sunna, que significa ''adeptos de la tradición profética'', y que se declara abiertamente como anticristiana y antioccidental. Sin embargo, esta revuelta que en el 2018 se acabó aliando con Estado Islámico no se tiene que entender simplemente como producto de la radicalización religiosa de ciertos sectores sociales, sino que se tienen que tener presente otros elementos como la precaria situación social de la provincia. Algunos de los principales factores que han llenado las filas de los insurgentes y han dado legitimación a su causa están altamente asociados con la falta de trabajo y un futuro digno, elementos que principalmente afectan a los jóvenes, las principales víctimas del conflicto, y por la situación precaria que vive la región agravada por los desastres naturales que recientemente ha sufrido a causa del Ciclón Kenneth.
El conflicto en activo desde 2017 ha causado, aproximadamente, más de 2.000 muertos y más de medio millón de refugiados en dirección a las provincias vecinas de Niassa y Nampula, además del país de Tanzania. Aunque los insurgentes han protagonizado numerosos actos especialmente crueles contra la población civil (entre ellas más de 50 decapitaciones), no son los únicos que los han cometido. Es aquí la paradoja. El Estado, la organización que representa que tendría que ser el salvador y quien tendría que salvaguardar la paz, además de garantizar una vida digna a sus ciudadanos, también protagoniza acciones extremadamente crueles contra su población civil, hecho que alimenta la propaganda islamista y justifica sus acciones de represión. Además, también ha vetado la entrada de periodistas en las zonas de conflicto, hasta llegar a detener algunos, y encarcelar arbitrariamente ciudadanos sospechosos de dar apoyo a los rebeldes.
Combatir el fuego con más fuego, una receta que habitualmente se repite en escenarios de conflicto internacional y donde la comunidad internacional – entre ellos algunos estados miembros de la Unión Europea –, se limpia las manos mirando hacia otro lado. Básicamente porque mientras los mozambiqueños se matan entre ellos y tendemos a estigmatizar a los rebeldes como los malos, las multinacionales siguen extrayendo los recursos del territorio sin favorecer el crecimiento económico de la población local y condenándolos a la miseria más absoluta. Al fin y al cabo sin olvidar el hecho tanto los estados como las grandes empresas también hacen negocio con la lucrativa venta de armas y la seguridad privada.
Desgraciadamente, el conflicto de Cabo Delgado simplemente representa un ejemplo más de conflicto bélico en un mundo altamente violento e inestable. Un espacio donde las empresas pueden hacer negocios, los estados pueden vender armas –tanto a los rebeldes como al gobierno– y, en definitiva, un lugar más del tablero de juego donde las grandes potencias y sus empresas compiten entre ellas para ganar poder e influencia en este mundo globalizado y desigual.