El primer decreto emitido por el Gobierno turco al amparo del estado de emergencia, vigente desde el jueves, amplía de 4 a 30 días el plazo máximo de detención en las dependencias policiales, antes de que el sospechoso deba comparecer en un juzgado. 

Al mismo tiempo, las reuniones de los detenidos con sus abogados podrán ser restringidas por las autoridades, que además podrán grabar y usar las conversaciones entre acusados y juristas. Solo los cónyuges y los parientes de hasta segundo grado podrán visitar a los arrestados.

Además, el artículo nueve del texto precisa que las personas que tomen decisiones acorde al decreto del estado de emergencia o las lleven a cabo no tendrán que asumir ninguna responsabilidad, legal, administrativa, financiera ni penal por actos realizados en esta función.

Ofensiva Gülen

El mismo decreto del estado de emergencia emitido hoy ordena el cierre de más de 2.300 instituciones, sobre todo colegios privados, vinculadas a las redes de seguidores del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe militar del pasado 15 de julio.

Aunque Gülen, que vive desde 1999 en Estados Unidos, ha negado toda implicación, el Gobierno turco insiste en que es "obvio" que la asonada fue obra de sus simpatizantes, a los que describe como "miembros de la Organización Terrorista Fethullah Gülen (FETÖ)".

El decreto publicado hoy en el Boletín Oficial ordena la clausura de 35 hospitales privados, 1.043 colegios privados y hogares de estudiantes, 1.229 fundaciones, 19 sindicatos y 15 universidades privadas.

"Todas esas instituciones cerradas pertenecen a la FETÖ, sin duda. No hay otro grupo afectado por esta decisión y no lo habrá", dijo hoy el viceprimer ministro Nurettin Çanikli en la televisión CNNTürk, y precisó que los centros confiscados serán gestionados por el Estado.

Hoy fue detenido en Erzurum, en el este de Turquía, el sobrino del predicador Muhammet Sait Gülen, bajo la sospecha de filtrar a los simpatizantes de la red preguntas de un examen estatal en 2010. Esta filtración habría permitido a los allegados de Gülen entrar a formar parte del funcionariado para ir ascendiendo a puestos clave, según la investigación.

El decreto de hoy obliga a cesar de sus puestos a todos los funcionarios vinculados a Gülen, sin que puedan volver a contratarse, mientras que se cancelarán los pasaportes del personal investigado.

12.652 personas detenidas

Mientras continúan las detenciones, hoy fueron puestos en libertad 1.200 soldados rasos, detenidos a raíz de golpe pero considerados ahora inocentes por la Fiscalía. Del total de 12.652 personas detenidas hasta ahora, 5.613 han ingresado en prisión preventiva por orden de un juez, entre ellos 3.649 soldados, informa hoy la agencia semipública turca Anadolu.

De éstos, 121 son generales o almirantes, lo que supone un tercio de los militares con este rango en las Fuerzas Armadas turcas. También hay 1.559 jueces y fiscales en prisión preventiva, mientras que más de 6.000 personas siguen aún en fase de interrogatorio policial.