La Corte Penal Internacional (CPI) ha sido distinguida con el premio Sájarov a la libertad de conciencia, que concede anualmente el Parlamento Europeo para reconocer a personas y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Creado en 1988, el galardón rinde homenaje al activista y disidente soviético Andréi Sájarov, defensor de las libertades y de los derechos humanos. La distinción valora la labor de la CPI, un tribunal internacional con sede en La Haya que investiga y juzga a personas acusadas de cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión.
Un tribunal permanente para combatir la impunidad
La CPI nació en 2002, a raíz del Estatuto de Roma, aprobado en 1998, con el objetivo de evitar que jefes de estado, mandos militares u otros responsables quedaran fuera del alcance de la justicia por la comisión de los crímenes más graves. Es el primer tribunal penal internacional permanente y cuenta con 125 estados miembros. Su jurisdicción le permite juzgar a personas, y no a estados, cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren actuar de manera efectiva. Actualmente, investiga conflictos y situaciones en diversos puntos del mundo, entre los que se encuentran Ucrania, Palestina y Afganistán.
Uno de los elementos centrales de la candidatura son las presiones ejercidas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la institución y sus miembros. Washington ha impuesto sanciones a jueces y fiscales de la Corte y, el 9 de octubre, las amplió a la misma institución. Estas medidas amenazan el funcionamiento del organismo y han generado preocupación en Europa por las consecuencias que pueden tener sobre la independencia judicial. La Unión Europea ha defendido la necesidad de proteger la capacidad operativa de la CPI y garantizar que pueda continuar investigando sin injerencias externas.
Las actuaciones de la Corte relacionadas con la guerra de Gaza también forman parte de este contexto. En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La Corte también emitió una orden contra Mohammed Deif, dirigente del ala militar de Hamás, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. Estas decisiones han situado la justicia internacional en el centro del debate político y han contribuido a las tensiones en torno a la institución.
Las presiones internacionales contra la Corte
Las actuaciones de la CPI también han provocado reacciones de otros gobiernos. En marzo de 2023, la Corte emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación ilegal de menores ucranianos desde territorios ocupados por Rusia. Moscú rechazó la decisión y respondió con medidas contra miembros de la institución. Estos episodios, junto con las sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump, ilustran las dificultades a las que se enfrenta la justicia internacional cuando sus investigaciones afectan a dirigentes políticos y militares en activo.
Paralelamente, cabe recordar que a principios de mes, Navi Pillay, antigua magistrada de la Corte Penal Internacional, fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz de 2026, en reconocimiento de su trayectoria en defensa de los derechos humanos y la justicia internacional. A lo largo de su carrera, Pillay ha destacado por su labor en la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves y en la defensa de las víctimas de violaciones de los derechos humanos.