La Unión Europea avanza hacia un nuevo modelo de política migratoria que permitiría trasladar a Ruanda a personas sin derecho a continuar en territorio comunitario. La primera ministra socialdemócrata de Dinamarca, Mette Frederiksen, lidera, junto con Alemania, Austria, Grecia y los Países Bajos, una iniciativa para establecer en el país africano el primer centro de retorno amparado por la nueva legislación europea. Los cinco gobiernos han anunciado este lunes en Viena la apertura de negociaciones con Ruanda, con la intención de empezar los primeros traslados durante el 2027. La propuesta cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, pero también ha despertado objeciones políticas y jurídicas.
El proyecto está pensado principalmente para personas con las solicitudes de asilo rechazadas y que ya no disponen de vías legales para continuar en la UE, especialmente cuando no es posible devolverlas a sus países de origen. Según las informaciones publicadas por Reuters y Euronews, los promotores estudian poner en marcha una primera fase piloto durante la primavera o el verano del 2027. Las instalaciones podrían funcionar como centros abiertos, donde los migrantes dispondrían de permisos de residencia y libertad de movimiento mientras se gestionara su futuro. Esto también abriría la posibilidad de que algunas personas acabaran estableciéndose en Ruanda si no se pudiera ejecutar la repatriación. Sin embargo, todavía no hay un acuerdo definitivo que concrete todas las condiciones, los costes ni el funcionamiento del centro.
Una nueva legislación europea que permite las deportaciones a terceros países
La iniciativa es posible gracias al nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea, aprobado definitivamente por el Consejo el 1 de octubre del 2026 después de recibir el visto bueno del Parlamento Europeo. La normativa permite establecer centros de retorno fuera de las fronteras comunitarias mediante acuerdos con terceros países. Para aplicar este mecanismo, las personas afectadas deben tener una decisión de retorno y los estados receptores deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional, incluido el principio que prohíbe enviar a una persona a un territorio donde pueda sufrir persecución o tratos inhumanos. Los menores no acompañados quedan excluidos de estos traslados. La reforma responde a la voluntad comunitaria de aumentar las expulsiones efectivas: según datos de la Comisión Europea, durante el 2025 solo se ejecutó el 28% de los retornos ordenados.
La Comisión Europea ha recibido favorablemente las negociaciones con Ruanda. "Acogemos con satisfacción esta iniciativa y hemos seguido muy de cerca los trabajos preparatorios de los cinco estados miembros para establecer un centro de retorno de este tipo", ha afirmado el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert. Bruselas asegura que los gobiernos promotores han trabajado sobre las garantías de los derechos humanos y la cooperación con organismos de las Naciones Unidas. A pesar de este apoyo, el Ejecutivo comunitario no ha comprometido financiación europea para el proyecto. Según ha explicado Lammert, corresponde inicialmente a los estados miembros asumir el coste, aunque se podría estudiar financiación comunitaria para medidas complementarias, en función de las peticiones concretas que se presenten.
España y Francia se oponen a un modelo cuestionado por sus riesgos jurídicos
El proyecto evidencia las diferencias entre los gobiernos europeos sobre la gestión de la inmigración irregular. España fue el único Estado miembro que votó en contra del nuevo Reglamento de Retornos, mientras que Bélgica se abstuvo. El Gobierno de Pedro Sánchez considera que los centros situados fuera de la UE plantean problemas de seguridad jurídica y garantías de protección. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido de la "inseguridad jurídica" y las "garantías limitadas" de estos mecanismos, así como del riesgo de trasladar familias a países con los que no tienen ninguna vinculación.
Francia también se opone a este sistema, a pesar de haber apoyado la reforma general de los retornos. El presidente Emmanuel Macron considera que estos centros no han demostrado su eficacia ni se ajustan a los principios que defiende su gobierno. Paralelamente, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, ha alertado de los riesgos que comporta externalizar las deportaciones y ha reclamado a cada uno de los cinco países una evaluación rigurosa de las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales.
El precedente más directo es el acuerdo que el Reino Unido impulsó con Ruanda, que pretendía trasladar allí a solicitantes de asilo para que sus casos fueran examinados en el país africano. El Tribunal Supremo británico declaró ilegal aquel sistema en noviembre de 2023 por el riesgo de que las personas trasladadas fueran retornadas a países donde podían sufrir persecución, y el proyecto acabó abandonado. El nuevo plan europeo presenta una diferencia importante: está orientado a personas que ya han agotado las vías legales para quedarse en la UE. Otro precedente es el convenio entre Italia y Albania, promovido por Giorgia Meloni, que ha acumulado dificultades judiciales y operativas. Aunque Italia no participa en las negociaciones con Ruanda, Meloni, Frederiksen y el primer ministro británico, Andy Burnham, han impulsado una declaración sobre migración que ha recibido el apoyo de 41 dirigentes europeos en la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Dublín el 12 de noviembre.
