China ha dado un nuevo paso en su política de integración de las minorías étnicas con la entrada en vigor, este martes 1 de julio, de la nueva Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico. El gobierno de Xi Jinping la presenta como una herramienta para reforzar la cohesión nacional, pero expertos y organismos internacionales alertan de que puede traducirse en un nuevo recorte de los derechos culturales, lingüísticos y religiosos de comunidades como los uigures, los tibetanos o los mongoles.
Según la CNN, la norma convierte en obligación legal una estrategia que Pekín ya lleva años impulsando: reforzar una identidad nacional única vinculada a la lengua china, a la nación y a la fidelidad al Partido Comunista. En la práctica, la ley establece que las escuelas y las administraciones deberán utilizar el mandarín como lengua principal, mientras que las familias deberán educar a los hijos en los valores patrióticos y en el respeto al Partido Comunista Chino.
La legislación también afecta al ámbito cultural. Según explica la CNN, museos, bibliotecas y otras instituciones públicas deberán organizar actividades que promuevan la historia y la prosperidad de la nación china, mientras que las autoridades locales deberán favorecer una integración más elevada entre comunidades en las políticas de vivienda, un punto que algunos especialistas interpretan como la puerta a posibles reubicaciones de población.
Persecución dentro y fuera de China
Una de las disposiciones que más inquietud ha despertado es su alcance fuera de las fronteras chinas. La ley prevé que organizaciones o personas situadas en el extranjero también puedan ser consideradas responsables si Pekín considera que promueven la división étnica o perjudican la unidad nacional. Según la CNN, esta formulación podría afectar a activistas, investigadores, periodistas o miembros de la diáspora que trabajan sobre la situación de las minorías en China.
Las preocupaciones también han llegado a las Naciones Unidas. En una carta enviada al gobierno chino en abril, varios expertos independientes de la ONU advirtieron de que la nueva legislación podría tener "graves implicaciones" para la autonomía lingüística, cultural y religiosa de comunidades como los tibetanos, los uigures o los mongoles. Los relatores también alertaron del riesgo de que la norma facilite casos de represión transnacional, es decir, actuaciones contra personas residentes fuera de China.
Control sobre las minorías
La nueva ley se enmarca en una política que Xi Jinping impulsa desde que llegó al poder en 2012. Después de los disturbios registrados en el Tíbet en 2008 y de los episodios de violencia en Xinjiang, Pekín ha ido reforzando el control sobre estas regiones con medidas que incluyen más vigilancia, limitaciones al uso de las lenguas minoritarias en las escuelas y un control más estricto sobre las prácticas religiosas. Organizaciones internacionales de derechos humanos hace años que acusan a China de vulneraciones graves contra la población uigur en Xinjiang, unas acusaciones que el gobierno chino niega reiteradamente.
Por su parte, Pekín defiende que la nueva normativa protege los derechos de todas las etnias reconocidas en el país y rechaza que implique una asimilación forzada. Las autoridades sostienen que la ley busca preservar la estabilidad, combatir el separatismo y garantizar la unidad nacional, y aseguran que se ajusta al derecho internacional.