Las llamadas a los servicios de emergencias después de la ejecución fallida de Christa Pike, una reclusa condenada a muerte en Estados Unidos, revelan que la confusión sobre la veracidad del aviso retrasó la asistencia médica. Las grabaciones, obtenidas por la agencia Associated Press (AP) y difundidas el lunes, muestran cómo los operadores intentaron verificar si la petición de ayuda procedente de la prisión de Riverbend, en Nashville, era real o una falsa alarma, mientras Pike seguía viva después de recibir una inyección letal.
"Estamos intentando averiguar si esto está pasando realmente y tenemos que enviar una ambulancia, o si se trata de una llamada de broma", dice una operadora en una de las grabaciones, según la AP. En otra grabación, la abogada de Pike, Kelly Gleason, reclama asistencia urgente: "Todavía está viva y respira, y necesita atención médica inmediata que le salve la vida".
La primera llamada se registró a las 20:40 del 30 de septiembre. Según la transcripción publicada por el servicio de emergencias de Nashville y recogida por la AP, la persona que llamó explicó que el estado había intentado ejecutar a una reclusa, pero que esta todavía no había muerto. También advirtió que respiraba de manera muy lenta y dificultosa y que estaba inconsciente.
La verificación del aviso alargó la espera. Según las grabaciones, los operadores contactaron con el centro de control de la prisión, que inicialmente negó haber hecho la llamada. A las 21:03, un interlocutor indicó que los supervisores consideraban que el aviso era falso. Cuatro minutos más tarde, un equipo de emergencias informó de que había personas en la entrada del recinto que insistían en que la situación era real. Los funcionarios penitenciarios confirmaron finalmente la emergencia y los equipos pudieron acceder a las instalaciones hacia las 21:11. Una ambulancia y los bomberos llegaron al interior del complejo tres minutos después, según la AP.
Una ejecución que acabó en el hospital
Pike, de 50 años, debía morir por inyección letal en la prisión de Riverbend. Según la agencia Reuters, la ejecución se interrumpió después de dos administraciones del pentobarbital, el fármaco utilizado en el procedimiento, que no lograron matarla. La reclusa sufrió complicaciones médicas graves y tuvo que ser hospitalizada. Sus abogados denunciaron lesiones importantes en los brazos, provocadas durante los intentos de establecer las vías intravenosas.
La defensa había advertido previamente que Pike tenía un trastorno sanguíneo que podía dificultar la inserción de las agujas. Los abogados sostienen que las autoridades no tuvieron suficientemente en cuenta estos riesgos. El Departamento de Correcciones de Tennessee, en cambio, defendió inicialmente que se había seguido el protocolo establecido.
El incidente ha abierto un nuevo frente judicial. Según The Washington Post, un juez ordenó el 7 de octubre que las autoridades preservaran las pruebas relacionadas con la ejecución, incluyendo grabaciones, documentos médicos, material utilizado y comunicaciones internas.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y ha ordenado una revisión independiente del caso, según Reuters. Pike ha recuperado la conciencia después de varios días en estado crítico y ha recibido el alta hospitalaria, aunque su recuperación sigue siendo incierta, según sus abogados.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los protocolos de ejecución en Estados Unidos, tanto por el procedimiento médico como por la respuesta institucional ante una emergencia que las autoridades no habían previsto: que una persona sobreviviera a dos administraciones de la inyección letal.