El Tribunal Supremo ha fijado un criterio que puede cambiar la situación de miles de trabajadores despedidos en España. La sentencia establece que las indemnizaciones adicionales pactadas entre empresa y trabajador no deben tenerse en cuenta a la hora de solicitar un subsidio por desempleo, resolviendo así una duda que llevaba años generando problemas.
Y es que hasta ahora existía una interpretación que perjudicaba a muchos solicitantes. En numerosos casos, el SEPE sumaba toda la indemnización recibida, lo que provocaba que el trabajador superara el límite de rentas exigido y, como consecuencia, perdiera el derecho a acceder a determinadas ayudas por desempleo.
Solo cuenta la indemnización legal mínima
La realidad es que el Tribunal Supremo ha sido claro en su interpretación. A efectos del subsidio por desempleo, únicamente debe computarse la indemnización legal mínima establecida por ley, como los 20 días por año trabajado en los despidos objetivos o colectivos.
De este modo, cualquier cantidad que supere ese mínimo, ya sea fruto de un acuerdo entre las partes, mejoras voluntarias de la empresa o pactos dentro de un ERE, no se considera renta. Esto supone un cambio importante en la forma de calcular los requisitos económicos.
Un cambio que beneficia a miles de trabajadores
Y es que esta decisión tiene consecuencias directas para quienes han sido despedidos con condiciones mejoradas. A partir de ahora, esas indemnizaciones adicionales no penalizan el acceso a ayudas como el subsidio por desempleo, el subsidio para mayores de 52 años o el subsidio por insuficiencia de cotización. La realidad es que este nuevo criterio corrige una situación que resultaba contradictoria. Muchos trabajadores que lograban mejores acuerdos de salida veían cómo eso les impedía acceder a prestaciones, lo que generaba una clara desigualdad.
Además, esta sentencia aporta mayor seguridad jurídica. Establece un marco más claro tanto para los trabajadores como para la administración, evitando interpretaciones que puedan perjudicar a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Así pues, desde ahora, la parte extra de la indemnización no cuenta como ingreso a efectos del subsidio. Un cambio relevante que facilita el acceso a ayudas y que puede marcar la diferencia para muchas personas en un momento clave como es la pérdida del empleo.