El Tribunal Supremo ha confirmado que los consumidores tienen derecho a recuperar los gastos de formalización de la hipoteca que durante años fueron cargados indebidamente por parte de los bancos. Se trata de una decisión que afecta a millones de personas en España, ya que durante décadas los bancos trasladaron al cliente costes que legalmente correspondían a la entidad, generando una serie de pagos que ahora pueden reclamarse.
Según la sentencia, las cláusulas que imponían al cliente la totalidad de los gastos de constitución de la hipoteca son abusivas. Esto significa que las entidades deben devolver los gastos que nunca debieron cobrar, y la doctrina es firme y aplicable a todos los bancos. La resolución refuerza los derechos de los consumidores y ofrece una vía clara para reclamar el dinero pagado de manera indebida.
Qué gastos se pueden reclamar
Entre los gastos que pueden reclamarse se encuentran los de notaría, que deben devolverse en un 50 %, los de registro de la propiedad y gestoría, que se devuelven en su totalidad, y en muchos casos también los de tasación, según la sentencia más reciente. Sin embargo, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados no se devuelve, salvo en hipotecas muy antiguas, porque la ley establece que corresponde al cliente.
El Supremo ha aclarado además que el plazo de prescripción comienza cuando el cliente conoce que la cláusula es abusiva, no desde la firma de la hipoteca. Esto ha permitido que miles de reclamaciones sigan siendo válidas aunque hayan pasado varios años desde la contratación del préstamo hipotecario.
Cómo reclamar y cuánto se puede recuperar
El primer paso es presentar una reclamación al banco. Si la entidad no responde o rechaza la devolución, el consumidor puede acudir a los tribunales. Ahí, la mayoría de los bancos prefieren devolver el dinero de manera voluntaria para evitar litigios, por lo que las reclamaciones suelen tener éxito.
El importe recuperable depende de la cuantía de la hipoteca y de los gastos cargados, pero lo habitual es recuperar entre 800 y 2.000 euros, mientras que en hipotecas más grandes la devolución puede superar los 3.000 euros. Así, esta decisión del Tribunal Supremo representa una oportunidad real para que muchos ciudadanos recuperen dinero pagado indebidamente y refuerza la protección de los consumidores frente a prácticas abusivas de las entidades financieras.