Los jubilados que cobran una pensión no contributiva deben declarar cada año sus ingresos y los de los familiares con los que conviven cuando sus rentas cuentan para la prestación. Con esa información, la administración que gestiona la pensión comprueba si se mantienen los requisitos. Si falta la declaración y el pensionista deja sin atender el requerimiento para presentarla, el pago puede quedar suspendido de forma cautelar.
El dato que puede cambiar el resultado es cuánto ingresa la unidad familiar que se tiene en cuenta para la pensión. Por ejemplo, si un familiar con el que convive el titular empieza a cobrar un sueldo y ese ingreso es computable, el total que utiliza la administración para revisar la pensión puede variar aunque el jubilado siga percibiendo los mismos ingresos propios.
Cuándo llega el aviso y qué pide la administración
La declaración anual debe presentarse durante el primer trimestre del año. El organismo que tramita la pensión, normalmente la comunidad autónoma o el Imserso en Ceuta y Melilla, remite el formulario al titular. En él se indican las rentas del año anterior y las variaciones previstas para el año en curso. Entre los datos que pueden figurar están los salarios, otras pensiones o los ingresos por alquileres.
Si acaba el plazo y falta la declaración, el organismo gestor debe requerir al jubilado que la entregue y advertirle de las consecuencias. Si el requerimiento queda sin atender, puede suspender el abono mientras siga pendiente la documentación. El aviso permite aportar los datos que faltan para que la administración pueda comprobar si el titular conserva el derecho a cobrar.
Qué pasa si los ingresos declarados eran incorrectos
Si al comprobar los datos aparecen ingresos que debían haberse incluido, la consecuencia depende de cuánto cambie el cálculo. La administración puede mantener la pensión, modificar la cuantía o extinguir el derecho si se dejan de cumplir los requisitos. Cuando la revisión cambia el importe o el derecho a cobrar, el organismo gestor comunica el resultado al titular. Si hubo pagos indebidos, también puede reclamar su devolución.
Los cambios que puedan afectar a la prestación deben comunicarse en un máximo de 30 días desde que se producen. Esto abarca tanto las variaciones en los ingresos como los cambios de residencia o de convivencia. Si uno de esos datos cambia a mitad de año, hay que notificarlo al organismo que gestiona la pensión dentro de ese plazo.
