Un jubilado puede seguir disfrutando de una importante ventaja fiscal incluso después de cumplir los 67 años y sin necesidad de presentar un certificado de discapacidad. Así lo ha establecido el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución que afecta a los pensionistas que anteriormente tenían reconocida una incapacidad permanente. El organismo ha determinado que alcanzar la edad de jubilación no supone perder automáticamente los beneficios fiscales que ya se estaban aplicando en la declaración de la renta.
El conflicto comenzó cuando Hacienda revisó la declaración del IRPF de un contribuyente que había disfrutado del mínimo por discapacidad. La Agencia Tributaria le exigió un certificado que acreditara un grado igual o superior al 33% y, al no recibirlo, eliminó la ventaja fiscal. Sin embargo, el afectado había tenido reconocida previamente una pensión por incapacidad permanente, circunstancia que terminó siendo decisiva.
Hacienda no puede retirar el beneficio fiscal al cumplir 67 años
La resolución del TEAC, fechada el 19 de julio de 2024, establece que los pensionistas con una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez reconocida previamente mantienen el derecho al mínimo por discapacidad cuando alcanzan la jubilación. Esta interpretación se basa en el artículo 60 de la Ley del IRPF, que contempla una equiparación fiscal con un grado de discapacidad mínimo del 33%.
El organismo considera que el cambio de denominación de la pensión no modifica por sí mismo la situación que permitió reconocer el beneficio. Por tanto, la Administración no puede exigir un nuevo certificado únicamente porque el contribuyente haya alcanzado la edad de jubilación. El criterio también protege a quienes pasan a cobrar una pensión ordinaria después de haber tenido reconocida una incapacidad permanente.
Los jubilados pueden mantener una reducción de 3.000 euros en el IRPF
El mínimo por discapacidad permite incrementar en 3.000 euros anuales el mínimo personal y familiar cuando se considera acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33%. No supone recibir directamente esa cantidad, sino aplicar una ventaja fiscal que puede reducir el importe del impuesto. El ahorro efectivo dependerá de los ingresos y de las circunstancias personales del contribuyente.
La decisión del TEAC unifica el criterio administrativo y resulta especialmente relevante para los jubilados que hayan recibido requerimientos de Hacienda por esta cuestión. No obstante, el beneficio no corresponde automáticamente a todas las personas mayores de 67 años, sino a quienes cumplen los requisitos establecidos. La resolución confirma que haber alcanzado la jubilación no basta para retirar una ventaja fiscal previamente reconocida por incapacidad permanente.
