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Un jubilado de 61 años ha tenido que devolver 25.985 euros a su antiguo banco después de que la justicia haya determinado que recibió cantidades que ya no le correspondían tras acceder a la jubilación anticipada. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dado la razón a la entidad y ha confirmado la condena al antiguo trabajador, que continuó percibiendo pagos destinados a financiar sus cotizaciones a la Seguridad Social cuando ya tenía reconocida una pensión.

El conflicto se remonta a 2012, cuando el empleado acordó su prejubilación con la entidad financiera para la que trabajaba. El pacto contemplaba una compensación económica mensual y el pago de un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años. Sin embargo, el hombre decidió jubilarse anticipadamente a los 61, en julio de 2019, sin que cesaran los ingresos correspondientes a dicho convenio.

El banco reclama los 25.985 euros que siguió cobrando tras jubilarse

Según recoge la sentencia, la entidad continuó ingresando las cantidades entre julio de 2019 y agosto de 2021. Durante ese periodo, el exempleado recibió exactamente 25.985,52 euros, pese a que ya había accedido a la jubilación. En junio de 2023, el banco le remitió un burofax reclamando la devolución del dinero al considerar que los pagos carecían de justificación.

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El afectado rechazó la reclamación y defendió ante los tribunales que la deuda había prescrito. Su argumento era que las cantidades procedían del acuerdo de extinción laboral y, por tanto, debía aplicarse el plazo de un año previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, el juzgado rechazó esta interpretación y condenó al jubilado a devolver el importe, además de los intereses legales correspondientes.

El banco tenía cinco años para reclamar el dinero

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena al considerar que los pagos estaban vinculados a una mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. Por este motivo, los magistrados aplican el plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 43 de la Ley General de la Seguridad Social, y no el de un año que defendía el exempleado.

La sentencia establece que la obligación empresarial de financiar el convenio especial desapareció cuando el trabajador accedió a la jubilación. Aunque el acuerdo contemplaba pagos hasta los 63 años, estos únicamente tenían sentido mientras continuara prejubilado. En consecuencia, el tribunal desestima su recurso y mantiene la obligación de devolver 25.985,52 euros más los intereses legales. Eso sí, el fallo podía recurrirse ante el Tribunal Supremo.