Según confirma un abogado, existe un escenario en el que si tu empresa comete un error y te retiene menos IRPF del que te corresponde por ley, la responsabilidad económica de esa diferencia no debería recaer sobre tu bolsillo en la Declaración de la Renta, sino sobre la propia entidad empleadora.

El principio jurídico es claro: la empresa tiene la obligación legal de calcular y retener correctamente las cantidades destinadas a Hacienda. Si el trabajador percibe un salario neto mayor porque la empresa no aplicó el porcentaje adecuado, se considera un error de gestión del pagador. En este sentido, si la Agencia Tributaria detecta la falta de ingreso, el requerimiento de pago debe ir dirigido a la empresa y no al empleado.

El derecho a deducir lo "no retenido"

Lo que resulta más sorprendente para el contribuyente es que, según la normativa vigente, el trabajador tiene derecho a deducirse en su Declaración de la Renta las cantidades que debieron ser retenidas, aunque la empresa no lo haya hecho efectivamente. Los tribunales han fallado en diversas ocasiones a favor del empleado, permitiendo que este compute en su declaración el IRPF correcto como si se lo hubieran quitado de la nómina, evitando así que el resultado de la Renta sea a pagar por culpa de un fallo ajeno.

Este mecanismo protege al trabajador de sorpresas desagradables al finalizar el ejercicio fiscal. Si Hacienda reclama la diferencia, es la empresa la que debe hacer frente a la deuda, incluyendo posibles recargos o sanciones por el ingreso fuera de plazo. No obstante, el abogado advierte que para que este escudo legal sea efectivo, el trabajador debe poder demostrar que sus datos fiscales comunicados a la empresa eran correctos y que el error es exclusivamente imputable a la gestión de la compañía.

Como actuar ante un error en la nómina

Para evitar conflictos, los expertos recomiendan revisar mensualmente el porcentaje de IRPF en el recibo de salarios. Si se detecta que la retención es sospechosamente baja, lo ideal es comunicar el error por escrito al departamento de Recursos Humanos. Esta comunicación sirve como prueba de diligencia por parte del empleado, reforzando su posición legal en caso de que la Agencia Tributaria inicie un proceso de comprobación posterior.

Así pues, el empleado no es el sustituto de la empresa ante los errores de retención. La confirmación legal de que el trabajador no debe pagar el pato por una mala gestión administrativa supone un alivio para miles de asalariados que temen el momento de ajustar cuentas con el fisco.