Tal día como hoy del año 1932, hace 86 años, en varias poblaciones de economía vitivinícola de las comarcas del Alt Penedès y del Garraf, se producían graves enfrentamientos entre propietarios agrarios y campesinos arrendatarios en forma de disturbios y agresiones. Aquellos disturbios se enmarcaban en el conflicto histórico llamado de los Rabassaires, que con etapas de más o de menos intensidad, se remontaba a la centuria de 1700. En aquel caso concreto, sin embargo, sería la culminación de un periodo de tensión creciente que tenía su origen en los meses previos a la proclamación de la República (14 de abril de 1931). Los propietarios agrarios se concentraban en el Instituto Agrícola Sant Isidre, muy próximo a la Lliga Regionalista de Ventosa y de Cambó. Y los campesinos arrendatarios articulaban sus reivindicaciones a través del sindicato Unió de Rabassaires, en la órbita política de la Esquerra Republicana de Macià y de Companys.
A pesar de los llamamientos a la calma del gobernador civil de Barcelona ―el prestigioso abogado Joan Moles i Ormella― y a la espera de la redacción de una ley que tendría que ser tramitada en el Parlament de Catalunya (Ley de Cultivos de 1934), según la prensa de la época, los campesinos arrendatarios habrían impedido con el uso de la fuerza ―y en algunos casos de la violencia― el acceso de los propietarios a las fincas para comprobar el estado de las vides. Este detalle tenía mucha importancia, porque según una sentencia de 1756, el contrato de alquiler vencía cuando las vides habían muerto o tenían más de cincuenta años de antigüedad. Los campesinos arrendatarios, para evitar ser desahuciados de la tierra, reivindicaban que el rebrote de la vid certificaba que el árbol todavía estaba vivo; pero una revisión de la ley que fechaba de 1889 ―y que pretendía equilibrar las fuerzas― había dejado huecos legales que permitían a los propietarios seguir aplicando las medidas legales de 1756.