Tal día como hoy del año 1640, hace 386 años, y en el marco de la crisis fabricada a propósito por la cancillería hispánica —en aquel momento dirigida por el conde-duque de Olivares (1627-1640)— con el objetivo de destruir la relación bilateral Catalunya-poder central de la monarquía hispánica (Catalunya era un Estado semiindependiente dentro del conglomerado hispánico), derribar el edificio político e institucional catalán y convertir el Principado en una simple provincia de Castilla, se reunía la Junta de Brazos —el equivalente al actual Parlament— y aprobaba una serie de leyes que anticipaban la proclamación de la República catalana (17 de enero de 1641) y la creación del Estado catalán (1641-1652/59).
Aquella reunión se celebró después de tres hechos de gran importancia: el inicio de la Revolución catalana, que se había producido durante el llamado Corpus de Sangre (7 de junio de 1640); la declaración de guerra a Catalunya firmada por el rey hispánico Felipe IV (1 de septiembre de 1640), y la firma de la alianza política y militar entre el Principado de Catalunya y la monarquía francesa (7 de septiembre de 1640). Sin embargo, los investigadores de aquel periodo de nuestra historia —como el profesor Simón i Tarrès— afirman que en aquel momento la estrategia catalana no era, todavía, la de romper definitivamente con la monarquía hispánica, sino la de obligar al rey y a sus ministros a sentarse a negociar.
Estas medidas, que tenían carácter de ley, serían básicamente: suspender momentáneamente la autoridad del rey hispánico Felipe IV (la Junta de Brazos lo podía hacer amparándose en las Constituciones de Catalunya, firmadas por el monarca); decretar levas generales para reforzar el Real Ejército de Catalunya; creación de juntas de guerra y del tesoro, para dirigir militarmente y sostener económicamente el ejército catalán, y toma de las fortalezas que custodiaban las fronteras del Principado de Catalunya, con el objetivo puesto en repeler la más que previsible invasión hispánica del país. Estas medidas entrarían progresivamente en vigor, y en el momento de la proclamación de la República catalana (enero, 1641) ya estaban plenamente implantadas.