En un país en que sus infraestructuras funcionan, o sea un país normal, las incidencias que se producen no deberían ser noticia. De vez en cuando, podría haber algún problema, y sería normal porque estadísticamente los contratiempos forman parte de la normalidad. Lo que no es normal y no deja de ser una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos de Catalunya es la situación de Rodalies, una verdadera e inmerecida tortura para los usuarios que no saben nunca si su tren funcionará y tampoco cuando llegará a destino. Pasan los años, los gobiernos de uno y otro color, y la situación sigue siendo a grandes rasgos la misma. La primera noticia del día es la gran mayoría de las mañanas que alguna línea de Rodalies no funciona. Que en tal o cual estación los retrasos serán importantes y que se irán acumulando o subsanando, depende de la gravedad, a lo largo del día.
Este martes, el Govern ha ofrecido una imagen preocupante, por utilizar un calificativo suave, de la dimensión del problema. Con los datos disponibles, en lo que llevamos de 2023, solo ha habido 44 días sin incidencias en el sistema de Rodalies. Habida cuenta de que ya se han consumido algo más de nueve meses, podemos establecer una media de que solo ha funcionado correctamente cinco días del mes. En el caso de julio y agosto, la situación ha sido aún peor: se ha producido una incidencia atribuible a la infraestructura o al material rodado cada dos días. Y siendo así, y teniendo toda la fuerza política para que no sea así, no hay manera de conseguir el traspaso de Rodalies a Catalunya. Que la gestión del mayor drama que sufren a diario los ciudadanos de Catalunya sea de competencia autonómica.
Al menos hace quince años que los diferentes presidentes de la Generalitat —Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès— reclaman a los diferentes presidentes del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, el traspaso de la infraestructura y todos los inquilinos de la Moncloa se los han sacado de encima con promesas o con negativas pero con un resultado idéntico. Se dan pasos en la gestión, pero no en la titularidad, auténtica madre del cordero en la negociación, ya que desde Madrid se entiende que una transferencia de esta naturaleza rompe la unidad ferroviaria. Y así van pasando los años y van creciendo los problemas. La Generalitat gestiona Rodalies, pero la infraestructura pertenece a Adif y está operada por Renfe. En el complejo magma del Ministerio de Fomento, Adif (Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias del Estado) es el titular de la infraestructura y Renfe es el operador; y ambas entidades empresariales reportan al ministro o la ministra de turno del hoy llamado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que, además, ostenta la catalana Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà, que supongo no debería estar pasándolo especialmente bien.
La pregunta a hacerse es la siguiente: ¿hasta cuándo el Govern de la Generalitat y los partidos catalanes están dispuestos a aceptar este trágala? Porque si la política tiene como objetivo el bienestar de los ciudadanos, aquí hay un déficit que no tiene mucho sentido seguir prolongando. Igual que desde el punto de vista de las entidades y desde las organizaciones empresariales y sindicales hay un consenso en reclamar al Estado la transferencia de la titularidad de Rodalies: ¿por qué no pueden ponerse de acuerdo todos los partidos catalanes?, ¿que los votantes unionistas no lo cogen?, ¿que no llegan también tarde al trabajo?, ¿que no padecen la gravedad del problema? ¿Cómo puede ser que todos los vascos sin distinción de ideología estén a favor del concierto y en Catalunya se haga partidismo con el bienestar de sus ciudadanos?