La decisión del Tribunal Constitucional de considerar amnistiable la malversación, en contra de la posición defendida numantinamente hasta la fecha por el Tribunal Supremo, marca, de manera prácticamente irreversible, que el retorno del president en el exilio, Carles Puigdemont, a Catalunya es cuestión de semanas. Puigdemont puede empezar a hacer las maletas y el largo e injusto exilio que se ha alargado nueve años y que ha distorsionado y tensionado la política catalana entra en la recta final. El pleno del TC reunido este martes ha rechazado, como se esperaba, la ponencia del ponente conservador —en parte un eufemismo, porque todos son bastante conservadores— José María Macías por siete votos a cinco. Con esta decisión de la mayoría del TC, decae la ponencia que defendía el criterio del Supremo de no amnistiar el delito de malversación y se redactará una nueva en sentido contrario, que será votada por el pleno el próximo 6 de octubre.
Es cierto que lo que ha sucedido este martes no deja de ser un paso más. Pero el volantazo a la arquitectura construida por el Supremo se ha venido literalmente abajo. De golpe, la pregunta sobre si Puigdemont podría volver o no a Catalunya ha mutado a otra mucho más concreta e inmediata sobre el momento exacto de las próximas semanas en que eso será posible. Hay un dato del plenario del Constitucional que no es menor: la duración de la reunión y el tiempo que ha consumido el debate de sus doce miembros. Tan solo 40 minutos. Y eso es especialmente relevante por otra cosa: el autodenominado sector conservador ha renunciado a dar batalla con una de esas reuniones maratonianas que a veces tienen lugar y, por el contrario, ha asumido que su cruzada había llegado a su fin.
De golpe, la pregunta sobre si Puigdemont podría volver o no a Catalunya ha mutado a otra mucho más concreta e inmediata sobre el momento exacto de las próximas semanas en que eso será posible
En unas filas en que el alineamiento es muy disciplinado, es obvio que la música del Tribunal Supremo, expresada urbi et orbi a la vuelta del verano, de que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) era inapelable y la malversación era amnistiable, les había llegado con total nitidez. No solo eso, tras nueve años practicando una ingeniería judicial más que discutible, debían subirse al carro aunque fuera desde la discrepancia. El resto ya lo hará el TS. El segundo partido de la eliminatoria se jugará en el Constitucional el 6 de octubre, fecha en que una nueva reunión del pleno validará la nueva ponencia y sentará una posición oficial: la malversación es también amnistiable con la ley aprobada por las Cortes.
Faltarán entonces únicamente dos pasos: que el Supremo reciba por conducto oficial el acuerdo del Constitucional y su publicación, para lo que hay un plazo de veinte días. Y, el último movimiento, que el juez Pablo Llarena levante la orden de detención de Carles Puigdemont. El calendario conduce inexorablemente a los últimos días de octubre o muy a principios de noviembre si Llarena acaba no demorando su decisión. De hecho, la música que ha llegado desde el TS estos últimos días va en esta dirección y su voluntad es responder con celeridad una vez puedan hacerlo. La pelota, a partir de entonces, estará en posesión de Puigdemont y, después de nueve años de exilio, cuando ese momento llegue, todo está perfectamente preparado para apretar el botón y volver a Catalunya.