Todo apunta a que el Gobierno va a acabar concediendo en algunos días o semanas el indulto parcial al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Cuesta encontrar las razones de fondo de una decisión de esta naturaleza, adoptada por el Tribunal Supremo el pasado diciembre por una mayoría importante del tribunal, que lo resolvió por cinco votos a dos. La condena fue de dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El tribunal no lo condenó a prisión, aunque las acusaciones así lo pedían, y la inhabilitación afecta al cargo de fiscal general, no al ejercicio como fiscal. García Ortiz tiene también presentados recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo primero que cabe decir es que el Gobierno está en su derecho a proceder así y es facultad exclusivamente suya la adopción de un indulto. Esa es, no obstante, la única razón con la que cuenta el ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Gobierno protege a un peón político que tantos favores hizo desde el cargo de fiscal general del Estado, incluida la asunción de una condena sin rechistar, cuando el beneficiario último era el Gobierno de Pedro Sánchez
Porque todas las otras son contrarias: la oportunidad, la equidad y la justicia. Mucho más cuando en la condena que se le impuso el Gobierno ya discrepó de ella. Pero ese motivo es una justificación insuficiente, sin discusión ninguna, y acaban quedando como único motivo para el indulto las razones políticas y la inmediatez del calendario electoral. Así, el Gobierno protege a un peón político que tantos favores hizo desde el cargo de fiscal general del Estado, incluida la asunción de una condena sin rechistar, cuando el beneficiario último era el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese caso sí que la opinión pública se podía responder afirmativamente a aquella pregunta lanzada al aire un día por Pedro Sánchez. ¿Pero la Fiscalía de quién depende?
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no ha querido anunciarlo oficialmente, pero ha quedado suficientemente claro cuando ha señalado que el expediente estaba en estudio y que no lo descartaba antes del 29 de noviembre, día de las elecciones. Un indulto que no equivaldría a una absolución ni eliminaría la indemnización civil; sin embargo, llegaría hasta el máximo que puede un gobierno. Como que hace mucho tiempo que cayeron muchas barreras, Sánchez lo acabará haciendo. Pero se sienta un mal precedente cuando la opinión pública puede acabar interpretando que, por razones partidistas y por protección, uno se salta a la justicia con una medida de gracia como esta.