Acaba de plantear la Pimec una propuesta que, sin duda, será polémica pero que podría servir como debate para patronales, sindicatos y el Departament de Salut: ¿Se debería suspender de empleo y sueldo a los trabajadores que no tengan el certificado covid? Su secretario general, Josep Ginesta, ha avanzado la posición de la pequeña y mediana empresa: si un trabajador decide no vacunarse ni hacerse la prueba para acceder al centro de trabajo habría que suspender su contrato de trabajo y el trabajador debería dejar de percibir su salario, ya que ha decidido no colaborar en el interés común y en la salud de todo el mundo.

Es una medida drástica, sin duda. Pero que, por la relevancia de sus promotores, merece un análisis profundo y un debate. La incomodidad de una decisión tan polémica no debería zanjarse escondiendo la cabeza debajo del ala y estaría bien oír la posición del departament de Salut y del conseller Josep Maria Argimon como responsable de todo ello. La Pimec se queja de que Salut no ha querido hasta la fecha abordar con ellos la propuesta y si eso es así, es un error, ya que cualquier agente social se merece ser escuchado aunque su propuesta esté en las antípodas de lo que se pueda pensar.

La Pimec calcula que hay unos 300.000 trabajadores en Catalunya sin vacunar y que en otros países europeos, como Italia y Austria, donde este debate ya se ha abierto, se ha implantado lo que en la práctica acaba siendo un certificado covid prácticamente obligatorio desde el pasado mes de septiembre. Italia y Austria son países con una pauta completa de vacunación inferior a la que en estos momentos se da en Catalunya. Los italianos se acercan al 71% de su población con las dos dosis puestas y en Austria este porcentaje cae al 62%; en Catalunya supera el 75% de la ciudadanía, aunque desde finales del pasado mes de agosto el porcentaje de población vacunada cuesta mucho de subir, ya que por debajo de los 39 años hay franjas con la pauta completa muy inferiores a la media y que se resisten a la vacunación.

En un momento en que en Catalunya se han reabierto prácticamente todas las actividades y se han levantado todas las medidas restrictivas que había -este domingo, por ejemplo, se ha celebrado el primer partido de fútbol en el Camp Nou sin restricción alguna- la administración está obligada a hacer todo lo posible para que no sea reversible. La población vacunada ya ha cumplido con sus obligaciones o con las recomendaciones que se le han dado. Este amplio colectivo no puede hacer más y si los datos actuales de la covid van a peor, por las razones que sean, sin duda la administración deberá tomar cartas en el asunto aunque las medidas provoquen incomodidad política o de cualquier otro tipo.