El juez Juan Carlos Peinado cometió este sábado dos errores: aplicó una serie de medidas desproporcionadas en el auto por el que dicta la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, y utilizó una redacción desafortunada a la hora de hablar de los policías que la protegen como posibles facilitadores de una fuga. Si quería dar argumentos a los que desde el principio le han criticado la manera como ha llevado a cabo la instrucción, cumplió perfectamente su objetivo. Hasta el extremo de que, seguramente, la apariencia final de todo ello es que el caso le ha quedado grande y no ha estado a la altura de la causa que ha estado investigando.
Begoña Gómez, a la espera de lo que acabe diciendo la Audiencia Provincial, irá a juicio acusada de cuatro delitos tan graves como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Después de la vista preliminar que tuvo lugar el pasado lunes, la envía al banquillo de los acusados y a un juicio que, en principio, tendrá que ser con jurado popular. Eso está dentro de lo previsto desde hace varios meses. La desproporción llegó en las medidas adoptadas, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días. Medidas todas ellas que se acostumbran a adoptar en situaciones de evidente riesgo de fuga, algo que, dada su situación y el conocimiento que existe de ella, parece fuera de lugar.
La apariencia final de todo ello es que el caso le ha quedado grande y no ha estado a la altura de la causa que ha estado investigando
De ello, seguramente, debe ser consciente Peinado y de ahí la desacertada redacción empleada cuando retuerce el hecho de que la imputada, al ser la esposa del presidente del Gobierno, está en todo momento acompañada y custodiada por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado: "No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". Realmente, es todo un disparate.
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional ha tachado de auténtica barbaridad que Peinado sugiera una colaboración de los agentes en una hipotética fuga de la esposa del presidente del Gobierno y el silencio de miembros de la magistratura más conservadora ante las críticas a Peinado ha sido tan palmario que permite avanzar una rectificación de la Audiencia Provincial de Madrid con una actuación quirúrgica. Paso adelante en la apertura del juicio oral y todo lo demás, las medidas cautelares revocadas. Aunque no es este, seguramente, el momento, quizás valdría la pena reflexionar sobre lo que supone la entrada de miembros en la judicatura a través del cuarto turno —profesionales de reconocido prestigio y con más de diez años de ejercicio profesional, así llegó Peinado—, por donde se pretende que accedan un total de 125 personas de las 700 plazas de magistrados y fiscales recientemente convocadas por el Gobierno.