La decisión del ministro Óscar Puente de comparecer el próximo martes en el Congreso de los Diputados para dar su versión del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ya lleva contabilizados 69 muertos, deja un primer titular: el responsable de Transportes se aferra al cargo y no piensa dimitir. Las declaraciones de los portavoces de Moncloa saliendo en trompa este jueves por la tarde expresando que el presidente del Gobierno le da todo su apoyo también envían a la opinión pública un segundo titular: aquí nadie tiene la culpa de nada. No hay un problema de gestión y, por tanto, su cese no se correspondería con su responsabilidad. Pedro Sánchez se refugia en su ministro, insensible a lo que ha pasado. Y el ministro se esconde tras el presidente, desnudo y sin argumentos. Ninguno de los dos parece haber asumido la gravedad de lo que ha sucedido, acostumbrados como están a mover el relato e impactar con fuerza en la opinión pública. Pero hay demasiados muertos en el improvisado tanatorio de Toledo y demasiada negligencia y soberbia en el ministro de Transportes para que todo lo que se está sabiendo tras la tragedia quede en un episodio más.
La campaña electoral ha cambiado su cara y todo se va a tener que resetear. Del debate el miércoles por la mañana que nos dejaba el programa "La Revuelta", de Televisión Española, que era hablar de comer coños y culos, hemos pasado a hablar de muertos. Aquel modelo de campaña, instalado en debates sobre una polémica obscena y los youtubers recreándose sobre cosas superficiales, siempre es menos rollo que otro sobre la gestión de un gobierno. Pero en eso llegan los muertos y pasan tres cosas: en primer lugar, una cierta (o una mucha) vergüenza por lo que se estaba haciendo; en segundo lugar, se han de dar explicaciones imposibles y, sobre todo, se ha de encontrar un culpable y se hace recaer, injustamente, toda la responsabilidad en un controlador. Evidentemente, no ha colado. Y, finalmente, se esparcen las responsabilidades de la falta de inversión entre todos los gobiernos, como si se pudiera olvidar de un plumazo que el actual gobierno presidido por Sánchez está en el cargo desde junio de 2018. Incluso se ha escuchado en Radio Nacional de España culpar a Jordi Pujol de no haber invertido en Rodalies, cuando la red era de titularidad estatal hasta el traspaso parcial del servicio a la Generalitat en 2010 y el expresident había abandonado el cargo en 2003.
Con, hasta la fecha, 115 muertos en nueve meses en dos catástrofes ferroviarias en la alta velocidad bajo el mismo ministro de Transportes, el balance solo puede ser considerado aterrador
Sánchez debe escoger: o cesa a su ministro, cosa que dice que no va a hacer, o las explicaciones de lo que ha sucedido debe darlas él. No va a poder esconderse detrás de Puente y mantenerlo. Es una decisión política propia. Con, hasta la fecha, 115 muertos en nueve meses en dos catástrofes ferroviarias en la alta velocidad bajo el mismo ministro de Transportes, el balance solo puede ser considerado aterrador. No sé en qué momento nos hemos olvidado de que un ministro de Transportes no tiene que ser personalmente el responsable de un accidente para asumir responsabilidades políticas por el funcionamiento del sistema ferroviario. Porque la crisis ferroviaria no puede analizarse únicamente a partir del último accidente de Toledo. Hay que considerar la acumulación de incidencias, los problemas de mantenimiento, las advertencias de los profesionales y la respuesta del ministerio. Todo eso con un ministro al frente degradando permanentemente el cargo que ostenta. Por cierto, reprobado siete veces por las Cortes Generales desde que es ministro de Transportes, cuatro en el Senado y tres en el Congreso de los Diputados.
Entonces, si la dimisión es de manual después de la catástrofe, ¿por qué no se produce? En primer lugar, porque el gobierno ha perdido el efecto sorpresa de las primeras y ha concluido que, superada esa primera decisión, es igual cuando la haga y también si la acaba haciendo. La dimisión de Óscar Puente podría convertir la gestión ferroviaria en el gran asunto electoral. A pocas semanas del 29N, Sánchez probablemente calcula que mantenerlo tiene menos coste que destituirlo. Pero no es el único motivo. Al menos, hay dos más. Sánchez no quiere reconocer públicamente un fracaso de gestión, y cesarlo ahora equivaldría políticamente a ello. Y, en el orden personal, Puente es un ministro políticamente importante para un presidente que por el camino ha ido perdiendo a todo su equipo por temas de corrupción, desde José Luis Ábalos a Santos Cerdán. En este contexto, no es únicamente el responsable de Transportes; también ha sido uno de sus principales defensores en la confrontación política. Destituirlo supondría perder a uno de sus ministros más combativos, el que entra en todas las batallas, incluso en la de aparecer como un posible relevo a futuro.
Sánchez, acostumbrado a reaccionar solo a lo que dicen las encuestas, y seguro que Moncloa ya tiene las primeras tras la tragedia ferroviaria, no debe tener una salida fácil. Los demás tendremos que esperar a ver qué ha cambiado y dudo mucho que tengamos que esperar más allá del fin de semana.