El Nacional ha decidido no publicar ninguno de los vídeos que han aparecido o puedan aparecer próximamente de los consellers o líderes independentistas catalanes que han sido encarcelados y que son, a nuestro juicio, presos políticos, en las cárceles de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco. Y creemos que esta decisión editorial es suficientemente importante como para exponerla y justificarla en público, a la vista del revuelo que se ha originado con las imágenes difundidas ya en dos medios de comunicación tan diferentes como el diario Ara y La Sexta. Nuestros lectores no han podido ver este jueves las imágenes de las que todo el mundo habla y TV3 ha divulgado en la gran mayoría de sus programas de noticias y de debate, incluidos todos sus informativos.

Una previa: no pretendemos convertirnos en jueces de lo que está bien o está mal tras una jornada en que ha habido pronunciamientos radicalmente diferentes de profesionales muy respetables. Pero no seríamos nosotros mismos si no defendiéramos lo que hacemos, ya que solo somos un canal de comunicación entre la información y nuestros lectores.

El punto nuclear de discusión radica en la condición que cada uno quiera otorgar a los nueve políticos que se encuentran repartidos en tres cárceles de las inmediaciones de Madrid. Para nosotros, y así lo hemos dicho desde el principio, son presos políticos. Están privados de libertad injustamente por una acción política y la situación de prisión provisional en la que se encuentran es tan injusta como inhumana. En estas condiciones, el supuesto interés informativo de las grabaciones no debe primar sobre el respeto a la intimidad y su violación. Solo el consentimiento explícito de los tres consellers presos o de sus familiares más cercanos justificaría su publicación. Consentimiento, no conocimiento, que aunque suenan igual, son términos muy diferentes. Si hacemos caso a lo que ha declarado explícitamente el abogado Jaume Alonso-Cuevillas al abandonar este jueves Estremera, y cito textualmente, Junqueras, Romeva y Forn expresaron "su indignación por la publicación en absoluto consentida ni por ellos ni por sus familias".

Esta posición, de ser cierta, y no hemos de dudar de ello, debería zanjar cualquier debate. Al menos, este es nuestro caso. Y debería serlo para todos aquellos que los consideramos presos políticos. Porque, de no hacerlo así, más allá de los problemas legales de la grabación, que deberá dirimir por un lado la justicia y, por otro, Instituciones Penitenciarias, y que merece un severo castigo, se entra en un debate pantanoso sobre si los afectados quedan más o menos bien, si las imágenes son humillantes o no para ellos, y cómo se vive en la prisión. Nos hemos pasado la línea roja que diferencia derechos exclusivos de los presos políticos para entrar en un tema interpretativo, discrecional y valorativo. Junqueras, Romeva, Forn, Turull, Rull, Forcadell, Bassa, Sánchez y Cuixart no tendrían que haber pasado ni una noche en la prisión por los hechos de los que se les acusa, ¡y los dos últimos ya llevan 274 días!

Pensamos que hemos tomado la mejor decisión, pero eso lo tienen que valorar nuestros lectores a los que creemos que debíamos, porque así muchos nos lo han hecho saber, una explicación.