Si la entrada de la Guardia Civil en la imprenta de Constantí ya tuvo un punto de surrealista, la de este sábado en la redacción del semanario El Vallenc de Valls en busca de pruebas relacionadas con el referéndum del 1 de octubre es todo un escándalo democrático. ¿En aras de qué democracia pueden producirse situaciones como la vivida en Valls? No pasará mucho tiempo que las imágenes de este sábado acabarán avergonzando a muchos demócratas que hoy guardan un inexplicable silencio. La defensa legítima de la unidad de España tiene muchos caminos, pero ninguno de ellos es el que se está tomando: primero, la utilización de las cloacas del Estado para ir directamente por los principales nombres del independentismo; después, cuando no fue suficiente, ir directamente por el patrimonio de los organizadores del 9-N; más tarde, inundar de querellas criminales al Govern y a cinco miembros de la Mesa, incluida su presidenta; y ahora, ir indiscriminadamente contra particulares con el objetivo de extender el miedo entre la ciudadanía catalana.

Si lo que ha pasado en Valls no le incumbe, por ejemplo, ni a Pablo Iglesias ni a Pedro Sánchez, ni a la cúpula de Podemos -excepción hecha de Errejón- y a la gran mayoría de los intelectuales españoles, no es que Catalunya celebrará el referéndum, sino que España tiene un grave problema que no solucionará pase lo que pase el 1 de octubre. Quizás, de tanto repetirlo, es que han sucumbido a su propio discurso y se han acabado creyendo que el independentismo trata de realizar un golpe de estado y no un referéndum de autodeterminación. Estas cosas suceden y uno acaba perdiendo la perspectiva entre lo que dice y la realidad. Le ha pasado a Albert Rivera también este sábado, que en público decía que el Govern no iba a dedicar ni un euro al referéndum y un micrófono abierto recogía que el Gobierno "lo tiene muy jodido para impedirlo". 

Miedo. Ese es hoy el principal objetivo del Gobierno español. Entre otras cosas, porque no es necesario perseguir papeletas para el 1 de octubre, ya que directamente en la web de la Generalitat, en la que se dan detalles del referéndum, cualquier ciudadano puede imprimirse todas las que quiera. Si uno sale de su casa con un centenar de papeletas, ¿qué harán? ¿Lo detendrán? ¿Van a entrar en la sede de los partidos independentistas o de las entidades soberanistas a requisar papeletas si tienen un soplo de que las han impreso? ¿Van a empezar a entrar después de la Diada en ayuntamientos gobernados por los soberanistas? De poco o de nada sirve amenazar a ciudadanos y voluntarios. Estamos en el siglo XXI, aunque algunos quieran resistirse a reconocerlo. Y la imagen de los manifestantes de Valls repartiendo claveles a la Guardia Civil mientras se producía la entrada en el semanario debería hacer reflexionar al Estado. Sobre todo, para evitar poner en ridículo a sus funcionarios y situarlos en medio de un escándalo democrático.