A partir de este miércoles empezarán a llegar a las prisiones catalanas de Lledoners, en la comarca del Bages, y de Puig de les Basses, en el término municipal de Figueres, los nueve presos políticos catalanes después de un auténtico calvario en las prisiones madrileñas de Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real y de una larga e injusta privación provisional de libertad, que se prolongará por un tiempo indefinido. Un total de 260 días presos ya en el caso de los Jordis, Sànchez y Cuixart, 243 días Oriol Junqueras y Joaquim Forn, 134 Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y 103 noches en prisión la presidenta Carme Forcadell. Abandonaron Catalunya como ciudadanos libres y retornan privados de libertad y en una situación absolutamente paradójica: tendrían que estar en el Govern, porque su privación de libertad es injusta y el independentismo ganó las elecciones del 21-D. Y, en cambio, una consellera independentista será la responsable última de que la decisión del juez Pablo Llarena se lleve a término.

Para las próximas jornadas se han anunciado movilizaciones delante de las prisiones y una gran manifestación en Barcelona el sábado día 14. Es obvio que la carga emocional de los próximos días será alta, máxime cuando se oirán más alto que nunca las acusaciones de PP y Ciudadanos, enfrascados en mantener vivo un relato que se ha revelado falso y que gravita alrededor de la mentira. De una gran mentira que tiene como fundamento que quien protagonizó un auténtico golpe de estado institucional contra las instituciones catalanas acaba responsabilizando a su adversario de haberlo perpetrado él. La suspensión del Govern y la disolución del Parlament fue una clamorosa vulneración de la Constitución aunque sus defensores públicos carecieran de escrúpulos cuando tomaron la decisión de aplicar el 155.

Se fueron libres y retornan presos pero la exigencia de libertad se hará más fuerte que nunca en los próximos días. Coincidirá también todo ello con la entrevista entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el de Catalunya, Quim Torra, el próximo lunes. No será una reunión fácil para ninguno de los dos. El primero, dispuesto, como ha dicho, a dialogar sobre competencias, leyes suspendidas y poca cosa más y Torra obligado a situar como eje de cualquier negociación presos, derecho a la autodeterminación y referéndum. Lo que está claro es que el traslado no es moneda de cambio de nada sino el cumplimiento de la legislación vigente.

Y un aviso para los que en pocos días empezarán a debatir sobre si los nueve presos políticos gozan o no de hipotéticos privilegios por el hecho de que las prisiones estén bajo la supervisión de la Generalitat. Una mirada hacia la cárcel de Brieva, en Ávila, donde está Iñaki Urdangarin, a buen seguro zanjaría cualquier debate.