No deja de ser sorprendente el poco revuelo que ha habido con la noticia que el gobierno de PSOE y Podemos que encabeza Pedro Sánchez haya decidido reformar la ley de seguridad nacional para introducir una modificación nada menor como que se puedan poner a disposición del estado español los ciudadanos mayores de edad para que puedan ser obligados a realizar prestaciones personales cuando se declare en España un estado de crisis. Debe ser el calor de estos días de julio que ha hecho enmudecer —o tener un perfil bajo— a los partidos independentistas ante tan peligrosa, además de descabellada, iniciativa, que acaba siendo una militarización de la ciudadanía en toda regla, o quizás es que esperan a reunir este lunes a sus ejecutivas para expresar su oposición.

Sea como sea, la noticia es sorprendente y no quiero ni pensar qué habría dicho una formación como Podemos —del PSOE no me atrevo a aventurar su actitud, ya que de una parte a esta es imprevisible— si la iniciativa hubiera sido de lo que se ha dado en denominar el trifachito, una hipotética alianza de gobierno entre el Partido Popular y Vox y los restos del naufragio de Ciudadanos, si llegado el momento les queda algún diputado para sumar. El autodenominado gobierno más progresista de la historia parece haberse dejado la brújula en casa en cuanto a derechos y libertades, ya que la música de la ley suena a tiempos pretéritos y a que fuera suprimido el servicio militar obligatorio. Quizás alguien ha pensado que nada mejor que ser una especie de soldados de España en la reserva. Muy de izquierdas, realmente, no parece.

Pero la política acaba siendo siempre una caja de sorpresas y uno puede llamarse Pedro Sánchez, presentarse a las elecciones proclamando con toda solemnidad que suprimirá la denominada ley mordaza y, a la vuelta de la esquina, olvidarse del compromiso, darle la vuelta como un calcetín a la promesa con excusas de dificultades parlamentarias, y a través de otra ley —en este caso la de seguridad nacional— llamar a filas a todos los mayores de edad, intervenir empresas o, incluso, intervenir bienes. Será que la movilización del independentismo para protestar contra aquello que le perjudica ha pasado a mejor vida y que ahora lo que se lleva es ser chupiguay y alzar la voz lo menos posible.

Desde que han salido —por suerte— los presos políticos de las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y Was-Ras, hay un sentimiento bastante generalizado en el mundo independentista de final de ciclo. Los indultos se sabía que un día u otro llegarían y que la presión internacional pondría de su parte argumentos suficientes en forma de ayudas europeas para que Pedro Sánchez se quedara sin argumentos. Pero el retorno de los exiliados y el fin de la represión llevan un calendario judicial y ahí el Supremo es el único que lleva la batuta. Y el gobierno español ya ha dicho que amnistía, referéndum y autodeterminación no serán objeto nunca de una negociación. No es que se tenga que avanzar en medio de la espesa selva amazónica, es que enfrente hay una muralla con más kilómetros que la china.

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