El Gobierno español ha movido pieza para forzar a la Generalitat a que renuncie al referéndum del 1 de octubre. Lo ha hecho después de que el president Carles Puigdemont haya anunciado un cambio del Govern, hace ahora una semana, encaminado a garantizarse la mayor cohesión posible del Ejecutivo en torno a los procesos administrativos para que el referéndum pueda celebrarse y, en consecuencia, ha designado consellers a Jordi Turull, Joaquim Forn y Clara Ponsatí. Y el mismo día que la encuesta del CEO señala que el próximo 1 de octubre acudirán a las urnas el 67,5% de los catalanes con derecho a voto y que el 62,4% votarán que sí y el 37,6% que no. Pues bien, en este contexto, Mariano Rajoy ha elegido para esta nueva batalla política de entre todo el arsenal jurídico de que dispone el Gobierno español intentar la asfixia económica de la Generalitat. Una asfixia económica a la que se llegaría, según la Moncloa, por la paralización de las ayudas a crédito del FLA si "un solo euro" de los presupuestos de la Generalitat se destina a algún trámite que tenga mucho o poco que ver con el referéndum.

Más allá del titular apocalíptico emitido este viernes desde el Consejo de Ministros al anunciar la decisión, dos consideraciones: el Gobierno español elige una medida indiscriminada ya que perjudica por igual a los catalanes independentistas y a los que no lo son. El argumento utilizado de que lo que se pretende es que la Generalitat quede maniatada económicamente es, en la práctica y llegado el caso, un castigo para los catalanes a los que, supuestamente, se pretende proteger. En todo caso, deja al descubierto las insuficiencias de la autonomía y el bucle en que se encuentra Catalunya: primero se aprueba un sistema de financiación autonómica a todas luces insuficiente para los gastos que tiene que hacer frente la Generalitat; después, como la Generalitat no puede encarar sus obligaciones, no se modifica el sistema de financiación sino que se van haciendo desde el Gobierno central transferencias económicas -eso es el FLA- a cambio de cesiones y más cesiones de autonomía. El dinero llega pero es Madrid quien decide qué se hace con él. Poco importa que haya un déficit fiscal escandaloso con Catalunya cifrado anualmente entre 10.000 y 16.000 millones de euros: lo único cierto es que Cristóbal Montoro puede decir que dejará de pagar el FLA de este año, que asciende a 3.700 millones. Y utilizar una parte de este dinero que tiene en préstamo, del resto ni habla, como una especie de chantaje a la Generalitat para doblegar su voluntad política. 

La segunda consideración es el resultado real de la amenaza, porque es a todas luces un farol. ¿Cuál sería la consecuencia última de las palabras del ministro Méndez de Vigo? Provocar la suspensión de pagos de Catalunya, lo que al no ser un estado independiente supondría provocar la suspensión del Reino de España, que es el tenedor de la deuda catalana. A esta situación no se llegará porque ni lo consentirán las autoridades de Bruselas ni la canciller Merkel. ¿Qué hay detrás del anuncio, entonces? Seguramente, dar un paso más en el relato de que el Gobierno catalán no respeta las leyes, sin pararse a poner en riesgo el bienestar de sus ciudadanos. Quien tiene el altavoz más grande tiene mayor capacidad de propagar su mensaje y es evidente que las dos partes no comparecen en igualdad de condiciones. El cualquier caso, el anuncio no detiene el referéndum. Para llegar a esta conclusión no hace falta tener fuentes muy especiales sino prestar atención a lo que dicen unos y otros. El Gobierno español tendrá que subir su apuesta.

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