El Parlament de Catalunya abordará este lunes una cuestión crucial a la hora de decidir cómo dar respuesta a la decisión de la Junta Electoral Central, ratificada por el Tribunal Supremo, sobre la pérdida del escaño en la cámara catalana y la posterior comunicación de la Junta Provincial de Barcelona al president Roger Torrent notificándole de que disponen de 48 horas para notificar quién es el sustituto de Torra en la cámara catalana. Aunque la pérdida del escaño no supone, al menos en principio y por la doctrina conocida, la pérdida del cargo de president, es evidente que infiere directamente en atribuciones que no le son propias a un órgano administrativo como la JEC, y que, además, ahora está avalada por el Supremo.
De la reunión del Parlament, la Mesa y, en última instancia, del president como máximo representante de la institución, debería derivarse una de estas tres opciones: que siga siendo diputado a todos los efectos, o sea, que nada cambie y pueda votar en los plenos como cualquier otro de los 135; que sea un diputado de la Cámara pero no participe en las votaciones, quedándose en una zona difusa como lo que sucedió al inicio de la legislatura con los diputados en el exilio y los de la prisión; o bien, que pierda sus derechos y su acta de diputado, como piden los partidos de la oposición unionista Cs, PSC y PP.
Del camino que se tome y de la unidad con que se adopte la decisión entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana se derivarán unas consecuencias u otras y afectará a la legislatura. Desde el pasado viernes la tensión entre ambas formaciones es más que evidente y los esfuerzos soterrados de unos y de otros para culpabilizar a su adversario y marcar perfil propio, notorias. A primera hora de la noche, la ANC salió en defensa del president Torra y reclamó que el Parlament le garantice sus derechos como diputado y president y preserve la soberanía del Parlament.
La unidad que se fraguó el 4 de enero en el pleno extraordinario que ratificó a Torra como diputado da alguna pista, pero ha llovido desde entonces. Ha hablado el Supremo, ha presionado la Junta Electoral y Cs, en su línea de derivarlo todo a la justicia, ha amenazado al president Torrent de acudir a los tribunales y denunciarlo por desobediencia. Todo ello, la víspera de que el martes los presos políticos que fueron miembros del Govern comparezcan en la Comisión del 155 del Parlament en una sesión cargada de enorme simbolismo.