"Hoy he informado al president del Parlament de Catalunya que, de manera provisional, no presente mi candidatura a ser investido como president de la Generalitat. Y le he pedido que se inicie de la manera más rápida posible la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para proceder a la designación de un nuevo candidato para ser investido como president del Govern autonómico. Anuncio que Junts per Catalunya propondrá al diputado Jordi Sànchez como candidato". Con estas palabras, Carles Puigdemont desde Bruselas abría un nuevo capítulo del conflicto entre Catalunya y España después de un discurso de más de 13 minutos de una enorme dureza formal y de fondo con las instituciones del Estado. Por usar sus propias palabras, Puigdemont ni claudica, ni se retira. Levanta su fortaleza en la capital comunitaria a través del Consell de la República, encargado de velar por el referéndum del 1 de octubre y la proclamación llevada a cabo en el Parlament el día 27 del mismo mes.

Las presiones del Estado de los últimos días para descabalgar como candidato a Sànchez, el expresidente de la ANC en prisión desde el pasado 16 de octubre en Soto del Real, han fracasado absolutamente. Deberá ser ahora el Tribunal Constitucional o el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena o ambas instancias las que bajen a la arena para impedirlo. Los antecedentes no están de su lado -al preso de ETA Juan Carlos Yoldi, en febrero de 1987, como candidato de Batasuna, se le permitió abandonar la cárcel para someterse a la investidura en el Parlamento vasco- pero pese a ello hay pocas dudas de que lo que valió entonces se hará lo posible para que no valga ahora. Como tampoco servirán autos conocidos en los últimos meses que vinculaban una candidatura al hecho de no estar huido como así se considera el caso del president Puigdemont. Jordi Sànchez está encarcelado pero ni se le permitirá acudir al Parlament, ni ser candidato. No sé cómo se hará pero tengo pocas dudas de que se hará. La decisión está tomada, parece muy difícil que se modifique, y tan solo falta encontrar el vehículo jurídico que la sustente.

Anunciada la decisión y a la espera de los movimientos en Madrid, dos comentarios más: un equipo de abogados internacionales ha presentado una demanda contra el Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas  por violación de derechos humanos y derechos civiles y políticos. La iniciativa judicial ante esta instancia de la ONU abre un capítulo nuevo en la internacionalización del procés y obligará a un pronunciamiento de un organismo reconocido y de prestigio. Mal asunto para el Gobierno español.

El segundo tiene que ver con la contundente repulsa a la actuación del rey Felipe VI, que no es nueva pero alude a la única persona que Puigdemont cita por su nombre o por su rango en toda su intervención. "El jefe del Estado se ha puesto al frente de la estrategia de ir a por los catalanes. El inefable e inolvidable ¡A por ellos!, alentado desde una Monarquía que ya ha dejado de representar por voluntad propia a todos los ciudadanos y que solo quiere representar a los que piensan de una determinada manera". Esta frase, pocos días después del vacío institucional de las autoridades catalanas al Rey en su reciente visita al congreso internacional del Mobile, es un torpedo de gran magnitud.

Puigdemont -y con él los cuatro consellers en Bruselas y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel- tiene ya el relato internacional que quería con las atribuciones que le han otorgado los partidos independentistas. La política catalana tiene siempre desenlaces imprevistos.

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El vacío
Editorial El vacío José Antich