Cómo deben estar de complicadas las cosas para que, por primera vez, la Fiscalía del Tribunal Supremo —para ser precisos el teniente fiscal Juan Ignacio Campo— se haya atrevido a poner en un papel oficial entregado a las autoridades suizas que Juan Carlos I ha amasado parte de su fortuna con un oficio tan poco edificante como el de comisionista internacional. Un jefe de Estado a tiempo parcial, dedicado a sus pingües negocios mientras predicaba moralina barata año tras año en sus mensajes de Navidad.

Este es el triste epitafio de sus casi 39 años de reinado, imposible de enmendar, cuando pasa sus días en su exilio dorado de los Emiratos Árabes Unidos, más de un año hace ya. Mientras, se sigue blanqueando la monarquía española y tratando de levantar un imposible cortafuegos entre el emérito y el resto de su familia, sobre todo con el monarca hoy gobernante, su hijo, Felipe VI. Nada de ello será posible, por más que se hagan esfuerzos titánicos, pues el reguero de escándalos es ya inabarcable. En esta ocasión, una auténtica explosión de incalculables daños colaterales se ha producido en el mismo corazón del palacio de la Zarzuela.

La persecución de Juan Carlos I por la Fiscalía española ante la Justicia suiza, con un escrito para solicitar una comisión rogatoria que le permita saber algo más de los bienes del Campechano, es enormemente preocupante y un gran salto cualitativo. Su redactado, gravísimo: "cobró comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales". Un oficio al alcance de muy pocos pero que permite explicar un poco mejor cuál era, no se sabe en cuantas ocasiones, su rol como gran embajador de empresas españolas en el extranjero, como introductor de empresas extranjeras en España o simplemente como presentador o mediador en beneficio propio.

A la vista de la actuación de la Fiscalía, cobra más sentido que nunca la tantas veces solicitada y siempre rechazada comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Se tiene que volver a solicitar aunque vuelva a suceder lo mismo que en el pasado y PSOE, PP y Vox no solo se opongan a ello sino que ni siquiera le den trámite parlamentario en la Mesa de la Cámara Baja y, en consecuencia, no llegue a ser debatido en el pleno.

Pero, ¿hasta cuándo podrá el PSOE mantener esta actitud vergonzosa que le hace aparecer como cómplice imprescindible para que la sede de la soberanía popular no pueda llegar a saber la verdad? ¿Es sostenible una y otra vez? Ya no se trata tan solo de lo que hizo Juan Carlos I sino de la más mínima dignidad que debe tener un Estado que pertenece a la Unión Europea. Porque jefes de Estado corruptos ha habido en Europa más de uno, pero una clase política envolviendo lo robado no ha sido tan habitual. Y menos aún un partido que se dice de izquierdas.

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