La chulería demostrada este martes por la ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, con sus aliados parlamentarios independentistas, aquellos que no hay que olvidar que le han facilitado con la investidura de Pedro Sánchez que pueda ostentar el cargo que ocupa, demuestra dos cosas. La primera, los nervios de la titular de Defensa después de que el primer cortafuegos que cuidadosamente había trabajado para tratar de impedir que el CatalanGate continuara laminando la credibilidad del Gobierno ha sido un absoluto fracaso; en segundo lugar, que el ejecutivo español continúa sin coartada mínimamente creíble para explicar cómo se ha podido espiar masivamente a través del programa Pegasus a políticos independentistas, abogados y diferentes personalidades en lo que es el mayor escándalo de vigilancia ilegal conocido en Europa.

Esta actitud arrogante de Robles solo ha servido para que ocho formaciones políticas, entre las que están todo el espacio soberanista catalán y vasco pero además Unidas Podemos, hayan pedido al Gobierno que aclare política y judicialmente el espionaje masivo, y al Congreso de los Diputados que rinda cuentas con la ciudadanía y permita la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Con este nuevo paso al frente de los socios de Pedro Sánchez y el silencio del presidente del Gobierno, uno puede fácilmente pensar que Moncloa o no tiene respuesta para ofrecer o no es consciente de lo que puede acabar suponiendo para la estabilidad del Ejecutivo. La evidencia de la fragilidad parlamentaria del PSOE se está extendiendo por Madrid como si se tratara de seguir el rastro a un vehículo que cada vez pierde más gasolina. La derecha mediática y el PP están a punto de encender una cerilla; si no, al tiempo.

Parece evidente que la ministra Robles con su prepotencia a sus socios independentistas, a los que les ha indicado literalmente que "vayan a los tribunales; la denuncia falsa tiene consecuencias", ha dejado caer encima de Pedro Sánchez una tonelada de nuevos problemas. La interesada filtración vía El País de que el espionaje del CNI practicado a los independentistas con el programa Pegasus había sido individualizado, nunca masivo, y siempre con la autorización del Supremo, se vio enseguida que estaba lejos de ser un cortafuegos efectivo y que más bien solo era una pequeña zanja. Contraprogramó El Español a través de la siempre bien informada periodista de lo que sucede en el Tribunal Supremo María Peral. El Supremo, con causas por Europa que han puesto en cuestión su rigor y su prestigio, como las prejudiciales del magistrado Llarena que afectan a los exiliados como el president Puigdemont, no estaba dispuesto a comerse este marrón. Resultado: el Supremo dejaba claro que el CNI nunca había pedido permiso para espiar con Pegasus.

Muy probablemente, la justicia española, que también tiene sus diferencias con el gobierno español y no son menores, tiene pocas ganas de ayudar a Pedro Sánchez. Parece como si, de golpe, Moncloa no irradiara el poder que siempre se le presupone, sino que fuera visto como un espacio político frágil y vulnerable. Tendremos la prueba en función del comportamiento de la prensa capitalina de la derecha extrema y del PP. Veremos si le queda algún conejo por sacar de la chistera a Pedro Sánchez con sus aliados independentistas y si tiene alguna cabeza para entregarles que tenga la fuerza suficiente para rebajar la tensión. Si al principio, el Lunes de Pascua cuando estalló todo, servía, incluso, la directora del CNI, Paz Esteban López, hoy ya no es así. Fundamentalmente, porque en los ocho días que llevamos de CatalanGate su papel ha sido tan inexistente y ha demostrado tan poca entidad que difícilmente su dimisión aplacaría la irritación.

Algo parecido sucede con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se ha puesto tan de perfil que hábilmente ha dejado que todos los dardos fueran hacia su colega de ejecutivo, Margarita Robles. Marlaska, por primera vez, ha estado hábil y ha dejado que todas las peticiones de dimisión fueran a caer en la ministra de Defensa, una auténtica pieza de caza mayor del deep state español y con potentes agarraderas en las estructuras del Estado del que ha sido, progresivamente, entre otras cosas, número uno de la 27 promoción de jueces y fiscales, presidenta de la Audiencia de Barcelona, secretaria de Estado de Interior en el Ministerio de Justicia e Interior en los años noventa, magistrada de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y miembro del Consejo General del Poder Judicial. Toda una auténtica pata negra. Llegado el caso, es obvio que al presidente no le resultaría tan fácil cesarla como cuando prescindió de la vicepresidenta Carmen Calvo. A veces, el rango tampoco hace a la cosa.