En las relaciones entre Catalunya y España debe ser lo más normal que la primera, a través del president, Quim Torra, ofrezca diálogo y negociación al presidente Pedro Sánchez y la segunda, mediante decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envíe 600 agentes de la Unidad de Intervención Especial con el argumento de posibles incidentes en la Diada y que se anuncie que permanecerán aquí, al menos hasta el próximo 1 de octubre. Quizás sea la primera respuesta a la conferencia del president del pasado lunes en el TNC o quizás, simplemente, se hace para impresionar. Para marcar territorio, como algunos dicen cuando tienen el poder y la fuerza para adoptar determinadas decisiones. Sea por lo que sea, tiene razón la consellera de Justícia, Ester Capella -creo que la única que habló durante la jornada, aunque la cuestión no fuera estrictamente de su ramo- que es una mala idea ya que el ejercicio de las competencias en materia de seguridad ciudadana corresponde exclusivamente, según el Estatut, a los Mossos d'Esquadra.

Si a eso se suma que se han suspendido los traslados a unos 300 guardias civiles que iban a volver a sus lugares de origen y abandonar Catalunya habrá, entre una cosa y otra, en las próximas semanas más de un millar de policías nacionales y guardia civiles extra. Muchos los destinan a proteger la Delegación del Govern y los edificios oficiales del Estado cuando, por ejemplo, en 2016 fueron suficientes tan solo dos  grupos, en total un centenar de antidisturbios, y estuvieron unos días. Pero alguien debe considerar que son pocos efectivos policiales si de lo que se trata es de promover la idea de violencia en las calles de Catalunya. La seguridad seguirá siendo, como hasta la fecha, de los Mossos, pero si hay que hacer marketing del Estado español y de su presencia en Catalunya eso solo se hace con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Ya dijo Pedro Sánchez, sus ministros, e Iceta -atención: también la prensa de papel que ahora le es afín- que iban a reforzar la presencia del Estado en Catalunya para hacerla más visible. Uno podía pensar de aquellas crípticas palabras -ese lenguaje que se utiliza mucho más en España que en Catalunya aunque solo nos molesta cuando se emplea aquí- que podíamos estar hablando, al fin, de Rodalies, de algunas carreteras que son de su competencia, de líneas de ferrocarril como las del sur del país o la Barcelona-Puigcerdà o del corredor mediterráneo. Podríamos seguir, sin duda, pero, solo con eso, ya sería suficiente, y se repararían algunas injusticias históricas de varias decenas de años.

No era así y, por ahora, tenemos los antidisturbios y el anuncio de un Consejo de Ministros en Barcelona. Quien no se conforma es porque no quiere.