A medida que se van conociendo vía filtraciones a diferentes medios de comunicación aspectos relacionados con las detenciones y la entrada en prisión de los siete CDR –por cierto, ¿dónde está el auto de la Audiencia Nacional? ¿Por qué no se ha hecho público y en cambio salen filtraciones interesadas?–, se empieza a poder componer el puzle orquestado para criminalizar al independentismo y vincularlo a lo que ya se define abiertamente en las portadas de la prensa de papel de Madrid como "la batasuna catalana".

De unos detenidos el lunes por la Guardia Civil a los que, según su propia nota de prensa, se les había encontrado "sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos", se pasó en el auto del juez Manuel García-Castellón, que envió la propia Audiencia Nacional, a "pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos". "Existen indicios de que los siete arrestados forman parte de ERT, una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la República catalana por cualquier via, incluida las violentas".

El relato estaba creado pero había otro objetivo que es el que se está trabajando mediáticamente desde el primer día: llegar a los exiliados, crear el vínculo entre los detenidos y el exilio de los presos políticos. Primero apareció en la escena mediática de toda esta historia el sábado el president Quim Torra de quien se aseguraba, vía ABC, que iba a ayudar a los CDR a tomar el Parlament. Este domingo en este caso a través de la cadena Ser, los CDR detenidos habrían actuado de enlace entre Puigdemont y Torra para el intercambio de "documentación secreta y sensible".  Tiene un punto de grotesco ya que se ven regularmente, al menos una o dos veces al mes y viajan miembros del Govern y dirigentes independentistas permanentemente entre Waterloo y Barcelona. No parece, por tanto, que haga falta un enlace externo.

Pero sí es necesario situar al president Puigdemont, y veremos si a los otros miembros del exilio, en el corazón mismo de esa supuesta organización terrorista catalana que la justicia española pretende sacar a la luz pública. Con la inminencia de las sentencias del Tribunal Supremo sobre los presos políticos catalanes y la previsible petición de nuevas euroórdenes sobre los presos políticos exiliados en Bruselas ―Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig―, Ginebra ―Marta Rovira y Anna Gabriel― y Edimburgo ―Clara Ponsatí― y a la vista de que la justicia de Alemania y de Bélgica ya se opuso en su día a la extradición por rebelión, alguien quizás ha elaborado un motivo nuevo: vinculación a organización terrorista.

Esta puede ser la batalla legal de los próximos meses mientras la situación política se crispa por las sentencias, el segundo aniversario del 1 de octubre tiene múltiples convocatorias ciudadanas y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, viene a Gavà a sentenciar que el Estado está preparado para actuar con firmeza ante cualquier desacato de la Constitución o del Estatut.

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