Vale la pena seguir con atención el pulso que se está produciendo entre el Tribunal Supremo y el Congreso de los Diputados a raíz de una sentencia emitida por este tribunal que inhabilita al parlamentario de Podemos Alberto Rodríguez. Se trata de una condena de un mes y quince días de prisión, conmutable por una multa de 540 euros, por atentado a agentes de la policía y con el añadido de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Es una situación realmente insólita, ya que el Supremo conmuta la prisión por una multa pero le impide seguir como parlamentario en una decisión que, leído el escrito, tiene toda la apariencia de intervención en la actividad política, cruzando una raya que, hasta la fecha, el Supremo solo había atravesado con el independentismo catalán.

En un primer momento, los letrados del Congreso de los Diputados —profesionales con los que se podrá estar de acuerdo o no pero de su oficio saben un rato, siendo muchos de ellos abogados del Estado— encontraron una vía de escape que permitía sortear el fallo del Supremo. Así, hay juristas que sostienen también que, en el momento que se ingresara esta cantidad de 540 euros, la pena principal quedaría extingida y, por tanto, también la accesoria de inhabilitación. O bien se puede aplazar hasta el final de legislatura la inhabilitación especial. La sala del juez Marchena, que no se anda por las ramas, le ha mandado un oficio a la presidenta del Congreso, Merixell Batet, en que le insta a comunicarle la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación mientras sobrevuela una pena de desobediencia sobre su persona si no actúa con celeridad. ¿Les suena?

No acaba aquí la cosa, ya que, este jueves, la Mesa del Congreso se ha reunido para abordar la cuestión con posiciones dispares entre los miembros del PSOE y Podemos partidarios de forzar una nueva aclaración del Supremo y Batet, defensora de zanjar el asunto sin más y no violentar al Alto Tribunal, alegando que su escrito es definitivo. Dos reflexiones: la primera, el poder político español ha dado un poder ilimitado a la justicia española para que solventara el tema independentista, y cuando tú das poderes incontrolados a alguien no son para actuar sobre un único tema, sino que acaban teniendo curso y validez para cualquier asunto.

En segundo lugar, si por una condena en la que media "atentado a agentes de la policía", según el escrito, los letrados del Congreso de los Diputados están protegiendo a uno de sus parlamentarios, ¿es seguro que los del Parlament de Catalunya también hicieron todo lo posible para proteger los derechos como diputado de Quim Torra, quien además era el president de Catalunya, inhabilitado por colgar una pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat, en la plaça Sant Jaume? Claro que son casos diferentes pero, al final, las actitudes en la vida también tienen su importancia.

Mucho me temo que a Alberto Rodríguez le quedan pocos días como diputado. Pero, en algún momento, desde el poder político se tendrá que hacer una reflexión tan útil como imprescindible: ¿ha llegado la hora de que la alta magistratura española deje de ser el Poder en mayúsculas y su posición sea la propia de un país democrático de nuestro entorno? Porque como no se actúe rápido, la persecución que ya vivió el independentismo se va a extender al conjunto de la política española. Bueno, al conjunto no. La derecha quedará al margen de todo ello. Y, ante ello, el hacer oídos sordos y mirar hacia otro lado nunca es coger el mejor camino.