Empieza a cundir la idea de que lo que define en estos momentos a España es su justicia. Un puñado de jueces que, con sus decisiones, están situando al país a veces en un cierto estado de shock, en otras ocasiones al límite de la mínima lealtad entre socios de la UE, en otras en contra de la libertad de información o muy lejos de la libertad de expresión. Todo eso, sucede con una periodicidad tal que cuesta reconocer el trabajo en algunos estamentos judiciales y, más bien, existe la sensación que impera una cierta justicia a la carta, lo peor que puede suceder en un estado de Derecho.

La decisión de la Audiencia de Navarra en el caso de La Manada, decretando la libertad provisional para los cinco condenados a nueve años por abusos sexuales a una joven, durante los Sanfermines de 2016, y previo pago de una fianza de 6.000 euros es una atrocidad. Y también un insulto para las mujeres que a diario sienten la desprotección y la violencia machista. Que en vísperas de los Sanfermines de 2018 se adopte una decisión de este calado debería hacer reflexionar a todos aquellos que está en su mano revertir situaciones como esta. No es este el mensaje que se debería mandar a la sociedad desde el poder político y el poder judicial y que no puede ser ajeno al sentimiento de impunidad extendido en amplias capas de la sociedad.

Pese a la gravedad del caso de La Manada, en las últimas 24 horas se han producido situaciones que no son normales en otros países de la UE y que acaban transmitiendo la idea de que hay un marco judicial español muy diferente al de nuestro entorno. La simple comparación de la libertad provisional para los que, según la justicia, fue una condena por abusos sexuales y para muchísimos juristas un caso palmario de violación con la prisión provisional indefinida para los nueve independentistas catalanes por los hechos de la concentración ante la Conselleria d'Economia o por la votación del 1 de octubre es una ignominia.

Y este marco judicial excepcional no solo lo es por los presos políticos catalanes, lo que ya es una excepción importante en si misma y que ya está siendo corregida o enmendada en el extranjero aunque no afecte a los que hoy están encarcelados en Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco. A título de ejemplo, la respuesta del juez decano de Madrid, que se ha negado a tramitar la citación de la justicia belga al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a raíz de una demanda por falta de imparcialidad presentada por los consellers exiliados en Bruselas. No es que haya habido un pronunciamiento judicial al respecto sino más bien que el juez decano ha hecho un "no procede" y punto. 

En estas horas se ha producido también la condena de una inhabilitación durante seis meses de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, de la CUP,  por no haber descolgado una estelada del balcón del ayuntamiento. Una condena ciertamente sorprendente. Hay que recordar que, en su día, el asunto fue archivado por el juzgado de Berga y que los hechos sucedieron en 2015. Ahora ha sido a partir de un recurso de la fiscalía y un nuevo pronunciamiento del TSJC que ha sido condenada.

Acabemos el relato de las actuaciones judiciales más llamativas con la imputación de sendos periodistas, Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, de Eldiario.es por un presunto delito de descubrimiento de secretos en el caso de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La labor de este medio en la dimisión de Cifuentes fue determinante y cuesta entender cómo se pueden poner en este caso puertas al campo en la labor de informar y publicar noticias. Y, finalmente, está el archivo por parte de la Audiencia Nacional y la juez Lamela de la querella por el caso del Castor y la construcción del almacén de gas.

Veinticuatro horas tan solo dan en la judicatura española para esto. Suficiente para que la preocupación no sea una mera anécdota.