No sé si es verdad o no lo que se asegura en fuentes oficiosas del Partido Popular: Esperanza Aguirre acabará, sin duda, imputada por alguno de los casos de corrupción de su partido en Madrid. De hecho tendría su lógica ya que en el PP madrileño ha habido tres secretarios generales en los últimos 20 años y su situación procesal es la siguiente: uno está en la cárcel, Francisco Granados, desde hace tres años y fue durante siete secretario general; su antecesor, Ricardo Romero de Tejada, que lo fue mientras José María Aznar estaba en la Moncloa, fue condenado a un año de cárcel por la utilización de una de las famosas tarjetas black; y, el tercero, Ignacio González, permanece detenido en el calabozo de Tres Cantos por presunta participación en el caso de la empresa pública Canal de Isabel II.

Es evidente que, con esta carta de presentación, Esperanza Aguirre tiene bastantes números, ciertamente. Sus lágrimas ante los periodistas al hablar de su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, el antes citado Ignacio González, tenían mucho de impostura. Es lo que tiene haber desempeñado ante las cámaras de televisión todo tipo de papeles y haber dado lecciones a todo el mundo. Como aquella vez que se lanzó contra la alcaldesa de Madrid aconsejándole en un momento de dificultad que había "que venir llorado de casa si uno se dedica a la política". Manuela Carmena, atribulada, encajó como pudo el golpe.

La acumulación de noticias relacionadas con la corrupción se está convirtiendo en las últimas horas en un auténtico dolor de cabeza para el PP. Habrá que ver cómo mantiene el difícil equilibrio con Ciudadanos que le permite conservar el gobierno de la Comunidad, pacto sobre el que ya se han lanzado PSOE y Podemos. Quizás le ayude la escasa credibilidad de los socialistas que por un lado quieren desalojar a la presidenta Cristina Cifuentes y por el otro, tienen abierto el caso de los ERE en Andalucía con Susana Díaz. En medio de todas estas noticias, la citación de Mariano Rajoy a comparecer como testigo ante la Audiencia Nacional en el caso de la caja B de su partido no hace sino poner en una posición delicada al PP y por extensión a los dos partidos que votaron su investidura, PSOE y Ciudadanos.

Un último apunte respecto al caso del PP de Madrid y la ciénaga de la corrupción. Si trazamos una mirada comparativa sobre la política catalana y en los mismos 20 años (1996-2016) no encontramos ni presidentes de partido, ni secretarios generales ni en prisión, ni condenados por corrupción. Tampoco si vamos hacia más atrás. Y tampoco ninguno ha sido detenido. Los habrá, quizás, ya que, al menos dos, Jordi Pujol (CDC) y Narcís Serra (PSC) tienen la condición de investigados (antes imputados). Pero, hoy por hoy, no son comparables ni a Romero de Tejada, ni a Francisco Granados, ni a Ignacio González.

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