Pese a la dificultad que supone mantener un ritmo continuado de movilizaciones masivas en la calle -tres desde el 11 de septiembre- el independentismo catalán ha vuelto a demostrar este sábado en Barcelona que su capacidad de convocatoria continúa intacta. A lo largo de más de tres kilómetros de la calle Marina, desde el mar hasta Travessera de Gràcia, más de 20 manzanas de casas, cientos de miles de personas, seguramente más de medio millón, se lanzaron a la calle a reclamar la libertad de los presos políticos catalanes. A diferencia de las últimas movilizaciones, la presencia de no independentistas se hizo evidente en las redes sociales. Hace dos años, en el mismo tramo, la Guàrdia Urbana cifró en 750.000 los asistentes; este año, con una presencia muy similar, la redujo a 350.000. Por en medio, el cambio de responsable de seguridad del Ayuntamiento, hoy en manos del concejal Albert Batlle y de una alcaldesa, Ada Colau, votada para el cargo con el apoyo de PSC y de los concejales de Manuel Valls.

Ciertamente, la cifra ofrecida por la Guàrdia Urbana es una provocación y por ello es bueno destacarlo. Pero menor al lado del ejercicio democrático y de apoyo a los presos y sus familiares en una hora tan difícil, tras la sentencia del Tribunal Supremo que les ha condenado a cien años de prisión, desde los nueve de los Jordis -Sànchez y Cuixart- a los 13 de Oriol Junqueras. El independentismo está respondiendo de una manera permanente desde el pasado día 7 con movilizaciones que, en su gran mayoría, han acabado sin actos vandálicos. De hecho, no ha habido normalidad en Catalunya desde aquella fecha ya que se han visto afectadas las infraestructuras, la vida cultural, universitaria, asociativa, e incluso se ha aplazado el clásico Barça-Madrid previsto para este sábado. El pretendido escarmiento del Estado español no ha hecho sino incorporar mayor tensión a la situación ya que han quedado al descubierto desde la incapacidad política para abrir una via de diálogo hasta la injusticia de unas condenas por unas penas que ni se han podido probar, ni se podrán defender en Europa.

La movilización del independentismo no se va a reducir ni con con la actuación de la justicia ni con la intervención policial. Esto ya ha quedado meridianamente claro. El conflicto político necesita una pista de aterrizaje político y por eso el problema está enquistado desde hace años. La manifestación multitudinaria de este sábado lo vuelve a constatar, por más que la calculadora de los medios unionistas aproveche las cifras de la Guàrdia Urbana para elucubrar y elucubrar sobre una reducción de la movilización del independentismo. Son los mismos que hace unos meses aseguraban, sin recato alguno, que la sentencia del Supremo sería "un bálsamo para la tensa situación política en Catalunya". Con las urnas a la vuelta de la esquina, el 10 de noviembre, y en unos comicios siempre difíciles para el independentismo como son las elecciones españolas, veremos en qué quedan las sumas y restas de los independentistas. La noche del 10-N habrá nuevamente en Catalunya una gran sorpresa.