En medio de tantas toneladas de guerra sucia por parte del Estado, no deberían caer en saco roto las conclusiones de la comisión de investigación del Parlament sobre la denominada Operación Catalunya. Quizás, el montaje político para acabar con una opción democrática más importante que ha salido a la luz en Europa occidental en varias décadas. Todo ello mediante un complejo entramado que encuentra su hilo conductor a través de las cloacas del Estado y en el que han participado políticos, policías y periodistas. Por su gravedad, por un necesario compromiso ético y por higiene democrática ha sido necesario desde el principio llegar hasta el final, algo que lamentablemente ha sido del todo imposible desde el primer momento. De esa situación, de silencio primero y de cobijo a la ilegalidad después, propiciada por el Partido Popular, hay otros responsables que, en última instancia, han sido colaboradores necesarios y sin los cuales no se habría podido generar una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y que no son otros que socialistas y ciudadanos.

Durante varios meses muchos de los participantes en la comisión del Parlament han aportado información precisa de la actuación de las cloacas del Estado que no ha sido desmentida y que hubiera necesitado en más de una ocasión la intervención de la Fiscalía y, en cambio, ha encontrado repetidamente el archivo de muchas de las diligencias incoadas. Pasó en el almuerzo de la Camarga, en las dos reuniones entre el exministro Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso y como se evidencia sobradamente en el documental producido por Jaume Roures sobre las cloacas del estado. La gravedad de lo que hemos ido sabiendo ha sido directamente proporcional a los esfuerzos por correr una cortina que secuestrara el debate público en aras a la salvaguarda de España. Con una idea compartida por muchos de los supuestos malhechores de que en aras a la unidad de la patria todo era permitido. Aquello que un compareciente en una de estas comisiones cuando fue preguntado directamente por un diputado sobre "¿Qué haría usted por la unidad de España? respondió sin pensárselo: todo.

El cierre de las conclusiones ha propiciado una mayoría política que va más allá de lo que suele ser habitual en el Parlament ya que a los dos grupos de Junts pel Sí y la CUP se ha sumado en esta ocasión Catalunya Sí Que es Pot. Aunque es probable que las conclusiones acaben nuevamente en la Fiscalía -los tres grupos tampoco se hacen muchas ilusiones de que la actitud ahora sea diferente- no deja de tener su importancia que desde el Parlament se pida por amplia unanimidad la dimisión del presidente del gobierno español, la vicepresidenta y todos los miembros del ejecutivo que han tenido relación con la Operación Catalunya, a los que hay que sumar a Jorge Moragas, el jefe de gabinete del presidente Mariano Rajoy.

Lo menos que cabe decir es que la Operación Catalunya ha sido una vergüenza en sí misma y un acto de indignidad política. Quedarse al margen de estas actuaciones, por situarse en una posición más cómoda que no inquiete a los que la han llevado a cabo o a los que les protegen, puede tener hoy algunas ventajas. Pero el daño causado es irreparable para la imagen internacional de España e irreversible en las relaciones entre el Govern y el gobierno español.

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