Cuando se explique la historia de estos últimos años de las relaciones entre el gobierno de Mariano Rajoy y el Govern catalán (primero bajo la presidencia de Artur Mas y después con Carles Puigdemont) se hablará de la falta de cintura del Ejecutivo español para dar una respuesta a las demandas, primero, de un sistema económico similar al concierto y al cupo que poseen el País Vasco y Navarra; después, de la oposición frontal a pactar un referéndum como el que ofreció Cameron a Escocia; también, de la judicialización de la vida política convirtiendo al TC en el brazo armado de la política gubernamental, y, cómo no, de las diferentes operaciones políticas que han tenido como columna vertebral el Ministerio del Interior y algunas unidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De esto último empieza a haber documentación sobrada con las conversaciones entre el exdirector de la Oficina Anticorrupción Daniel de Alfonso y el ministro Fernández Díaz, las declaraciones en el juzgado del comisario Villarejo o la reciente denuncia de los expropietarios del BPA, los hermanos Cierco, denunciando la actuación del gobierno español y la extorsión a la que fueron sometidos.

Pero todo esto, siendo importante, no hubiera tenido el efecto letal del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, y que ha acabado siendo, desde el punto de vista político, mucho más de liquidación que de liquidez. La operación es muy sencilla: la larga crisis económica, un mal sistema de financiación autonómico y los errores cometidos durante la fase de crecimiento por muchas autonomías (sobre todo las del eje mediterráneo) acabaron ahogando sus finanzas. Entonces, se podían haber adoptado una de estas dos decisiones, se aprobaba un sistema de financiación autonómico que diera más recursos a Catalunya y corrigiera, aunque solo fuera en parte, el histórico déficit fiscal, o bien el gobierno español aprovechaba la ocasión para estrangular al máximo a las autonomías, presentarlas como manirrotas e incapaces de autogobernarse y ejercía un proceso de recentralización política por la vía financiera.

El gobierno español no dudó y su coro mediático aplaudió al grito de que ahora sí que se iba a acabar el despilfarro. De ahí surgió el FLA, que ha acabado siendo el instrumento para ir, engranaje a engranaje, ahogando la autonomía. La Generalitat necesita dinero, pues se le presta a cambio de perder progresivamente capacidad de decisión. Y así hasta acabar siendo, en muchos aspectos, poco más que una oficina de pagos, ya que la autonomía brilla por su ausencia. Solo así se explica la última jugada y que supone un salto en lo visto hasta la fecha, que se 'limitaba' a un estricto control del gasto y a una priorización de los pagos con dinero del FLA.

Ahora el Estado ha decidido utilizar el FLA para cambiar políticas aprobadas por el Parlament de Catalunya y, en concreto, la ley de horarios comerciales. Habrá dinero del FLA si la ley se flexibiliza, es decir, un aumento de festivos abiertos y un aumento de horas semanales en todos los establecimientos. El tema no son los horarios, ni la ley de unidad de mercado que, como todo, es opinable y discutible. El tema es la descarada invasión de competencias y el enfermizo deseo de acabar como sea con cualquier margen de autonomía política. Por eso el FLA acaba siendo letal si se utiliza y es imposible vivir sin utilizarlo.