La filtración de la agencia Europa Press de que el Tribunal Constitucional habría establecido una estrategia para que los recursos de los presos políticos quedaran dormidos en los cajones para evitar que llegaran al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo antes de la sentencia del Tribunal Supremo, desencadenó este domingo una auténtica oleada de protestas del mundo del derecho y, obviamente, de letrados que habían llevado la defensa. No han sido ni uno, ni media docena de recursos, sino hasta medio centenar de recursos de amparo ante el TC. Una situación que, por ejemplo, Andreu Van den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras, ha calificado de muy grave y se ha lamentado de que así se entiende que su cliente viera como el TC tardaba dos años en decidir el recurso contra la prisión provisional hasta hacerlo inefectivo.
El Tribunal Constitucional no puede guardar silencio ante la publicación de una noticia tan escandalosa. Una cosa es que lo que todos veíamos e incluso podíamos llegar a sospechar y otra muy diferente que, como dice Joaquín Urias, un órgano juridiscional pueda establecer una estrategia para impedir la internacionalización del juicio del Supremo. Para nuestro colaborador Joan Queralt, las dilaciones del Constitucional saltaban a la vista, y el mecanismo ad hoc hará que el estado de derecho en España adquiera tintes fantasmagóricos. Podríamos seguir, ya que son muchos más los profesionales del derecho que no han guardado silencio.
La reanudación de la semana parlamentaria debe ser aprovechada por los partidos independentistas para tratar de llegar hasta el fondo de la noticia. En las dos cámaras existe como comisión permanente legislativa la Comisión Constitucional. El Govern también debería pedir explicaciones al TC ya que la injusticia habría sido clamorosa y la indefensión de los presos políticos, manifiesta.