Las dos derrotas, en el plazo de una semana, de la alcaldesa Ada Colau, de sus respectivos proyectos de ordenanzas fiscales para el 2017 y Pla d'Acció Municipal (PAM), unido al fiasco de la exposición del Born y la estatua del dictador Francisco Franco, ha precipitado una situación que era evidente a ojos de cualquier observador de la política municipal: es imposible gobernar la capital catalana si los únicos acuerdos que es capaz de tejer el equipo de gobierno suman solo 15 votos -once de Barcelona en Comú y cuatro del PSC-  y en contra puede llegar a haber hasta 26 concejales. No sumó 26 votos a favor la resolución aprobada este viernes en el consistorio que, en la práctica, era una reprobación a Colau, pero sí alcanzó la cifra de 23, la suma de los concejales de CiU (10), Esquerra (5), Ciudadanos (5) y PP (3). Hubo tres abstenciones, de la CUP.

Una amalgama de partidos tan variados ideologicamente reprobando la política -más gesticular que real- de Barcelona en Comú solo se entiende por la incapacidad del equipo de gobierno para consensuar decisiones y estrategias de ciudad. No es suficiente la política de los titulares informativos en una Barcelona compleja donde conviven una capital de Catalunya con zonas aún con enormes necesidades y que han sufrido la crisis económica, que empujaron la candidatura de Colau en mayo de 2015, pero también una ciudad pujante que necesita colaboración del consistorio para desarrollarse y que solo hace que encontrarse con problemas en cada una de sus iniciativas. La incorporación de los socialistas catalanes debía haber ayudado a solucionar esta asignatura, pero la mejora aún no se ha producido.

Que Convergència y Esquerra hayan querido exhibir sus quince concejales frente a los también quince de Barcelona en Comú y PSC tiene toda la lógica política para evidenciar la parálisis y la igualdad existente entre los dos bloques. También, que quieran dialogar con todos los partidos para mirar si se puede desbloquear una situación que no pone en riesgo la alcaldía de Colau, dada la composición del consistorio. Pero también es obligación de la oposición responsable intentar que la ciudad funcione mejor y denunciar la pérdida de pulso de Barcelona con algunas decisiones controvertidas que ha decidido el consistorio por razones exclusivamente ideológicas.